El coste de las falsificaciones se dispara hasta los 5.700M en España y las emisiones, hasta las 10,7 toneladas

El problema de las falsificaciones ha dejado de ser únicamente una cuestión económica o de propiedad intelectual para convertirse también en un reto ambiental de primer orden.

En España, este mercado ilícito supone cada año unas pérdidas de 5.700 millones de euros, según estimaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) recogidas en el informe El impacto económico de las falsificaciones en España 2020-2024.

A ello, se añade la destrucción de alrededor de 44.700 empleos, también calculada por la OEPM y la EUIPO, en sectores como la moda, los juguetes o la perfumería. Pero el perjuicio no termina ahí; pues cada producto falso genera una carga ambiental que empieza en su fabricación y continúa con su eliminación.

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La cuestión es que las falsificaciones operan fuera de cualquier regulación ambiental. Y su producción, tal y como advierte el informe Las falsificaciones y el medioambiente de la OEPM incluido en el Plan Nacional e Integral de lucha contra la venta de falsificaciones 2023-2026, utiliza tintas tóxicas, plásticos de baja calidad y procesos sin controles de emisiones.

Pues, la ausencia de estándares se traduce en objetos más frágiles, con una vida útil muy corta y prácticamente imposibles de reciclar. De hecho, en ocasiones, se comercializan productos como verdes, pero fabricados sin criterios ambientales reales.

Incluso, cuando estos bienes no llegan al mercado, su huella ecológica persiste. Y es que las incautaciones masivas suelen acabar en incineradoras o vertederos, generando emisiones adicionales.

El impacto económico de las falsificaciones en España en 5.700 millones de euros anuales. Cedida

Así, este proceso, que debería ser un mecanismo de protección, se convierte en un punto más de carga contaminante. De ahí que el propio Plan Nacional 2023-2026 advierta de la necesidad de incorporar criterios ambientales en la gestión de las incautaciones y plantee analizar el ciclo completo del producto: producción, transporte, uso, desecho y destrucción.

Doble perjuicio

En el ámbito económico, algunos sectores sufren el impacto de manera especialmente severa. En la industria cosmética, por ejemplo, las falsificaciones generan pérdidas anuales cercanas a los 400 millones de euros, además de la destrucción de más de 3.600 puestos de trabajo, según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.

Lo que está claro es que la combinación de fraude económico y daño ambiental plantea un desafío complejo, pues las imitaciones restan ingresos a las marcas legítimas y diluyen sus inversiones en innovación sostenible.

Y es que un producto auténtico que incorpora materiales reciclables o procesos de bajo impacto puede ser imitado visualmente por uno falso que no respeta ningún estándar ecológico.

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En lo que respecta a la dimensión ambiental, la huella de gases de efecto invernadero asociada a los bienes y servicios consumidos en España alcanzó en 2024 unas 10,7 toneladas de CO₂ equivalente per cápita, incluyendo las emisiones vinculadas a productos importados, de acuerdo con datos de Eurostat.

A nivel comunitario, las emisiones verificadas en la UE se situaron en torno a 356 millones de toneladas de CO₂, según el inventario Nacional de Emisiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Y aunque las falsificaciones representan solo una fracción de estas cifras, su ciclo de vida contribuye a aumentar la presión ambiental.

Cuestión europea

El panorama europeo refleja una problemática aún mayor. En 2024, en concreto, las autoridades aduaneras de la UE interceptaron 152 millones de unidades falsificadas, con un valor estimado de 3.400 millones de euros, tal y como lo muestran las estadísticas de la Comisión Europea.

En 2024 la UE decomisó 22.000 toneladas de alimentos falsificados y 850.000 litros de bebidas fraudulentas. Cedida

Entre los productos más interceptados se encuentran juguetes, soportes digitales, etiquetas y envases, todos ellos con materiales de difícil gestión. Y su final se divide entre la incineración o los vertederos, ambos procesos con implicaciones energéticas y ambientales que a menudo pasan desapercibidas.

Por ese motivo, la UE ha fortalecido la cooperación aduanera y endurecido sus sanciones, pero el desafío pendiente es desarrollar protocolos que permitan tratar los residuos generados por las incautaciones sin añadir una carga ecológica adicional.

Regulación y concienciación

Ante un fenómeno que combina vertientes económicas, sociales y ambientales, los expertos coinciden en que la respuesta debe ser integral. Y la regulación es uno de los pilares.

En concreto, el Plan Nacional español 2023-2026 propone reforzar la coordinación entre administraciones, aumentar la vigilancia y fomentar campañas de concienciación.

¿Puede el lujo volverse sostenible?

Sin embargo, la integración de criterios ambientales aún requiere avances. Entre ellas, la creación de sanciones específicas por daños ecológicos, mecanismos de gestión sostenible de incautaciones y cooperación internacional para asegurar que los estándares ambientales se apliquen incluso en la fase de destrucción.

La tecnología es otro factor clave. Pues los sistemas de rastreo, entre otras medidas, permitirían reforzar la cadena de autenticidad.

Al mismo tiempo, la educación del consumidor se vuelve una pieza indispensable. Y es que exigir autenticidad, evitar canales no verificados, desconfiar de precios excesivamente bajos o denunciar sospechas contribuye a frenar la demanda y, con ello, se reduce tanto el fraude económico como la huella ambiental asociada a las falsificaciones.