Merline es agricultora en Madagascar y, tras un periodo de sequía, no ha podido regar lo necesario sus arrozales. Su tierra no ha podido producir lo suficiente para alimentar a su familia. Esta es la quinta vez que le ha ocurrido en los últimos diez años. Tras más de siete años sin que llueva lo debido en el país, hay una falta generalizada de abastecimiento de agua y episodios prolongados de sequía. 

Su caso, aunque inventado, podría ser uno de los millones que ocurren cada año en las regiones agrarias de los países menos desarrollados. Al hablar del cambio climático, pensamos en un problema global, que nos afecta a todos los seres humanos por igual. Sin embargo, la realidad es que el calentamiento global y sus consecuencias impacta de sobremanera en las personas más vulnerables, aquellas que disponen de menos recursos. 

En las próximas décadas, el cambio climático y la proliferación de eventos climáticos extremos podrían borrar de un plumazo todos los avances realizados durante los últimos años en materia de reducción de la desigualdad y la pobreza. De hecho, según un estudio realizado por el Banco Mundial en 2020, el cambio climático elevará un 300% la pobreza extrema en América Latina y el Caribe para el año 2030. 

Mundialmente, el rango de estimaciones manejadas por el organismo financiero internacional sitúan un aumento de entre 32 millones y 132 millones de personas que caerán en el umbral de la pobreza en casi todos los escenarios. 

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1. Los más afectados 

Tal y como dijo Mia Mottley, primera ministra de Barbados, durante la COP27 celebrada en Egipto, son los países en desarrollo los que más sufren las consecuencias del cambio climático, siendo estos los que menos han contribuido a él. “No deberían estar escogiendo entre la financiación de la educación y la salud o la reconstrucción de sus sociedades”, denunció. 

Las estimaciones del Banco Mundial reflejan que, a pesar de que en los países de renta alta tan solo vive una sexta parte de la población mundial, emite 44 veces más de CO₂ que aquellas naciones con las rentas más bajas. Por ejemplo, un agricultor ugandés tardaría 59 años en emitir lo mismo que emite un español de media en un sólo año.

“Son los que menos han contribuido al cambio climático, pero que ahora se están viendo más perjudicados en términos de desertificación y en cuanto a fenómenos extremos”, contó a ENCLAVE ODS Eckart Woertz, investigador asociado del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob). Sin ir más lejos, a principios de 2022, la ONU declaró la primera hambruna inducida por el cambio climático de la historia en Madagascar. 

Por ello surgió el concepto de 'justicia climática' en la COP6 celebrado en el año 2000. Aunque, a pesar de que han pasado ya más de dos décadas desde que se acuñó el término, aún sigue lejos de poder materializarse. 

2. Qué es la justicia climática 

La justicia climática, tal y como la define la Fundación Mary Robinson —una de las oenegés pioneras en luchar por lograr este objetivo—, “vincula los derechos humanos y el desarrollo para lograr un enfoque centrado en el ser humano, salvaguardando los derechos de las personas más vulnerables y compartiendo las cargas y los beneficios del cambio climático y sus impactos de manera equitativa y justa”.

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Por tanto, este concepto aborda el cambio climático desde dos dimensiones. Por un lado, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, por otro, dotar de los recursos suficientes para que los países menos desarrollados y más vulnerables al cambio climático puedan abordar las consecuencias del calentamiento global con las mejores herramientas posibles. 

Para Sostine Namanya, especialista en género y seguridad alimentaria de Uganda, la justicia climática es precisamente eso, un mundo en el que el cambio climático “no se enfoque de una manera generalizada, sino dependiendo de cómo afecte a las distintas categorías de personas basándose, por ejemplo, en su sexo, su ubicación en el mundo, su tipo de empleo, sus ingresos, etc.”. 

3. Cuáles son las prioridades 

Según la oenegé Ayuda en Acción, seis son las prioridades que deben ser abordadas por el mundo para poder alcanzar la justicia climática y crear un cambio climático más equitativo: 

1. Los derechos de la infancia, las comunidades locales, los pueblos indígenas y las personas migrantes y refugiadas.
2. La igualdad de género.
3. La participación ciudadana.
4. La seguridad alimentaria y el fin del hambre.
5. Una transición justa hacia un modelo energético descarbonizado.
6. La integridad de los ecosistemas.

4. El fondo de pérdidas y daños 

Este fondo es una de las grandes reclamaciones de las naciones en desarrollo desde hace algunos años. Estos países piden a las naciones más ricas que paguen una compensación económica por su contribución histórica a las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que son ellos los que ahora mismo tienen que hacer frente a un coste más alto, tanto a nivel económico como a nivel físico. 

"Las pérdidas y los daños deben ser parte de la agenda central de la COP27 para satisfacer las necesidades humanitarias apremiantes de aquellos que están atrapados en una crisis de financiación pública alimentada por la deuda y, sin embargo, tienen que financiar los desastres climáticos por su cuenta”, reivindicó Shehbaz Sharif, primer ministro pakistaní durante la apertura de la cumbre del clima de Egipto el pasado año. “Esto es simplemente injusto".

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Su país fue uno de los más afectados por eventos climáticos extremos durante el año 2022. Las graves inundaciones durante el pasado verano dejaron más de 1.500 muertos, 7,6 millones de personas desplazadas y miles de hectáreas de cultivo arrasadas. 

Por el momento, existen dos opciones principales para la puesta en marcha de este mecanismo financiero. Por un lado, establecer un fondo para finales del año 2024. Por otro, dos años de trabajo técnico sobre si, en última instancia, el problema debe abordarse a través de un “mosaico” de acuerdos de financiación.

Si bien las naciones más ricas eran escépticas en cuanto a la creación de este fondo, el acuerdo final de la COP27 supuso un gran avance, ya que puso sobre la mesa la necesidad de crear un fondo de financiación de pérdidas y daños para los países más vulnerables al calentamiento del planeta. 

Lo que no está tan claro son los números. Según recogió la agencia Reuters, un informe de junio de 2022 realizado por 55 países vulnerables estimó que la factura climática podría ascender a 525.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. Otros informes señalan que esta cifra podría ser incluso mayor para finales de esta década. 

La justicia climática, por tanto, implica considerar los roles y responsabilidades relativas al problema del calentamiento global. Significa reducir las emisiones y la contaminación, a la vez que se aborda la reducción de las desigualdades y la pobreza en el mundo. Es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “No dejar a nadie atrás”.