La muerte de Manuel en Velada sigue sin despejarse seis años después: ¿compraventa de un coche o negocio de drogas?

¿La compraventa de un coche o un negocio de drogas que salió mal? El asesinato de Manuel Fernández Silva todavía no tiene culpables, aunque sí tres acusados. Se acaban de cumplir seis años de su crimen en la explanada de un restaurante a las afueras de Velada, una localidad toledana de unos 3.000 habitantes conocida por sus sandías y cercana a Talavera de la Reina.

Un disparo, probablemente con un revólver, le entró por su costado derecho y le quitó la vida la noche del sábado 27 al 28 de julio de 2019. Apenas habían pasado treinta minutos de la medianoche cuando un proyectil del calibre 32 le atravesó el tórax con una trayectoria ascendente y se alojó debajo de la clavícula izquierda. No hubo orificio de salida, pero sí una hemorragia masiva que le causó la muerte por shock hipovolémico: el corazón no pudo bombear la cantidad necesaria de sangre hacia el cuerpo. Tenía 22 años y una niña de 4.

El cadáver, hallado a 32 metros de su coche -un Volkswagen-, tenía 550 euros dentro de los bolsillos (un billete de 100 y 9 de 50). Fue lo que encontraron en su inspección ocular los investigadores de la Guardia Civil, que no hallaron elementos balísticos ni el arma homicida con el que se realizaron varios disparos.

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El coche que iba a ser supuestamente vendido, un Seat León, fue pasto de un incendio a 60 kilómetros, en Domingo Pérez. Estaba calcinado en el garaje de un chalé adosado de la calle Camino de la Mata, donde uno de los presuntos autores (José Antonio) y su familia estaban domiciliados. Era un vehículo de sustitución y la empresa propietaria, de Talavera de la Reina, no había autorizado su venta a José Antonio, quien dejó su coche en el taller mientras hacía uso del turismo de cortesía.

Manuel había viajado desde Plasencia, a 115 kilómetros de Velada, y lo acompañaban dos amigos, Aaron y Sebastián. Ellos dijeron a la Guardia Civil que el difunto huía cuando lo dispararon. Los médicos forenses que examinaron el cadáver barajan esta probabilidad y también la hipótesis de que se encogiera para protegerse. Por tanto, la víctima ni se disparó a sí mismo ni hubo un forcejeo. La Guardia Civil también lo tiene claro: el arma no se pudo disparar de manera fortuita ni al caer al suelo. Según los amigos, el tiro mortal se ejecutó a larga distancia y los forenses calculan que se realizó a más de un metro.

Sucedió en las proximidades del mesón del Pino, en el paraje conocido como Los mesones o El cordel, en las confluencia de las carreteras N-502 y CM-5013. Allí ocurrió el crimen, aunque Manuel y José Antonio se habían citado en el restaurante El Labrador, a 180 metros. Tras una conversación entre los dos, se trasladaron con sus acompañantes al lugar donde se produjo el tiroteo.

La Guardia Civil detuvo a José Antonio un mes después, el 27 de agosto, tras haberse mudado al pueblo abulense de Navaluenga, de unos 2.300 habitantes, en las faldas de la Sierra de Gredos. Unos días antes, había alquilado allí una vivienda, donde en el registro judicial se intervinieron 15 cartuchos de bala del calibre 9 corto. Estaban escondidos dentro de un calcetín en la cocina.

Los otros dos sospechosos, Moisés y Juan José, se entregaron en Talavera de la Reina el 13 de noviembre. Los investigadores, que habían intervenido teléfonos, ya les pisaban los talones y su detención era inminente.

Tres acusados

La muerte violenta de Manuel está a la espera de juicio seis años después porque el procedimiento, engorroso, ha estado rodeado de contratiempos: la anulación del primer juicio, el recurso al Tribunal Constitucional del abogado de Juan José, uno de los tres encartados, y la larga convalecencia de uno de los forenses que deberá deponer. Finalmente, y si nada lo impide, el caso será juzgado nuevamente en la Audiencia Provincial de Toledo del 25 al 29 de mayo del próximo año.

La Fiscalía atribuye el asesinato a José Antonio Ruiz Arnaiz (45 años), Moisés Suárez Ruiz (37) y Juan José Camúñez de Luis (31). Para ellos pide entre 31 y 24 años de prisión porque los considera también autores del robo con intimidación de un coche después de un supuesto desacuerdo en la compraventa por 4.200 euros, además de la entrega del vehículo del difunto.

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Para la acusación particular, los tres prepararon una emboscada y pudieron tener la complicidad de cuatro personas en un Audi Q7 blanco con cristales tintados, aunque nunca fueron localizadas. Además, esta parte mantiene que Manuel llevaba 5.500 euros aproximadamente para hacer la compraventa del vehículo, pero la Guardia Civil encontró 550.

Las defensas sostienen, en cambio, que no hubo un plan premeditado y José Antonio, el principal acusado, manifestó que el disparo fue fortuito. La defensa de este hombre cree que en realidad era un "trato de drogas", concretamente marihuana, el negocio que se iba a hacer en la explanada del restaurante de Velada.

Juicio anulado

En noviembre de 2022, un tribunal popular juzgó a los tres procesados en la Audiencia Provincial de Toledo. El magistrado-presidente en aquella ocasión, Urbano Suárez, decidió inesperadamente no someter al veredicto del jurado popular la participación de Juan José, que había sido procesado también por el robo con violencia de un coche en el mismo escenario del homicidio. Moisés y José Antonio tuvieron después distinta suerte: el jurado exculpó al primero y declaró culpable al segundo de dos delitos. Fue condenado a 18 años de cárcel por el asesinato y a un año y seis meses de prisión por tenencia ilícita de armas, así como al pago de una indemnización de 200.000 euros a dos familiares de Manuel.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ordenó la repetición de la vista oral tras los recursos de la fiscal del caso y la acusación particular. Se quejaron de la pérdida de imparcialidad y el "excesivo protagonismo" del juez, junto con defectos y falta de motivación del veredicto, además de la "indebida exclusión" de uno de los encausados.

"Supuso una apropiación de la función valorativa de la prueba que la ley otorga al Jurado", sentenció la Sala de lo Civil y Penal en una resolución de 79 páginas. El tribunal presidido por Vicente Rouco declaró nulo el juicio en mayo de 2023 y este crimen será juzgado tres años después con un nuevo jurado y otro magistrado-presidente, que ya está designado.

Para José Carlos García, abogado de Juan José, la decisión del TSJ "nos pone en una situación absurda". Explica que lo normal es declarar nula la sentencia pero, "al declarar nulo el juicio entero, las declaraciones son nulas. Si son nulas, no valen. Y, si no valen, no puedo hacer referencia a ellas en el nuevo juicio".

"Pero si el testigo dijo blanco y ahora dice negro porque va más preparado, ¿me tengo que callar?", se pregunta este letrado con más 40 años de experiencia. "Nos estarían castrando la defensa", añade sobre la tesitura que se pueden encontrar.