Toledo tiene más de 3.000 demandantes de vivienda: el plan de Page alcanzaría solo a 1 de cada 4 solicitantes

La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo cuestiona el 'Plan Acción Vivienda' anunciado por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el último Debate del Estado de la Región. El colectivo argumenta que "no es un plan para garantizar derechos, sino un programa para alimentar el negocio de promotores, bancos y constructores".

La entidad basa su crítica en la desproporción de la oferta inicial. Considera insuficientes las 800 viviendas "asequibles" anunciadas para toda la región, con una inversión de 45 millones de euros. Para justificar esta postura, la organización señala que solo en Toledo capital "hay más de 3.000 personas inscritas" en el registro de demandantes. Esta cifra implica que la oferta inicial no cubriría ni siquiera al 25 % de los solicitantes registrados únicamente en la capital.

Además, la plataforma apunta que las ayudas se destinan a personas con ingresos elevados. "Las ayudas públicas pueden llegar hasta 65.000 euros por vivienda, destinadas a familias con ingresos de hasta 4,5 o 7,5 veces el IPREM, es decir, entre 2.700 y 4.500 euros al mes. Esto no parece ser un plan para las familias con más dificultades", alertan.

Denuncian que los préstamos a tipo 0 % para la entrada constituyen una "subvención encubierta a la banca y a la compra", en lugar de una apuesta por el alquiler social. Respecto a la promoción, la plataforma menciona el proyecto de 124 viviendas en la calle Fresnedoso, en el Polígono, donde la empresa recibirá "más de seis millones de euros de subvención pública y la cesión de suelo", mientras el alquiler se fija en 646 € mensuales más gastos. "Negocio redondo: beneficio privado con dinero público", censuran.

El colectivo acusa que las medidas que facilitan el cambio de uso de dotacional a residencial, la reclasificación de suelo rústico y la reducción de controles urbanísticos buscan "abrir nuevas puertas a la especulación inmobiliaria".

La plataforma contrapone la propuesta regional con datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, indicando que el 21,4 % de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, el 11,1 % tiene retrasos en pagos de alquiler o hipoteca y el 37,3 % no puede afrontar gastos imprevistos.

Frente al modelo actual, la entidad exige la intervención pública del mercado para "topar los precios del alquiler, movilizar las viviendas vacías de los grandes tenedores, impedir desahucios sin alternativa habitacional y recuperar la promoción pública directa".

Por su parte, la política de vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha se basa en la premisa de que solo aumentando la oferta se logrará moderar los precios en el mercado. El plan estratégico (2026-2030) contempla una inversión de 75 millones de euros, centrada en facilitar el acceso con medidas como préstamos al 0 % para la entrada, ayudas a la rehabilitación e incentivos fiscales, y establece el objetivo de construir 50.000 viviendas a medio plazo.