El fiscal jefe de Toledo, Antonio Huélamo, ha negado en el Tribunal Supremo haber obligado a trabajar a una subordinada durante su baja por un embarazo de riesgo.

Huélamo ha testificado este miércoles en el marco de una demanda que presentó una subordinada, que le acusa de obligarla a trabajar pese a estar de baja, para tratar de revocar una sanción del fiscal general por retrasos en la tramitación de asuntos.

En la vista, el fiscal jefe de Toledo ha negado que el 17 de junio de 2021, cuando ella le comunicó su baja efectiva al día siguiente por embarazo, le ordenara que siguiera trabajando en su casa durante la baja hasta tener por terminadas todas sus cuestiones pendientes.

Al respecto, ha explicado que le dijo "varias veces" que "en la medida de lo posible" dejara "su trabajo lo más actualizado posible", pero solo "hasta que entrara en vigor su baja", es decir, que "atendiera lo que pudiera" aquella tarde noche desde su casa.

Huélamo ha precisado que "esa noche no estaba de baja" y que "si le quedaban x asuntos podía despacharlos en la tarde" hasta que su baja entrara en vigor al día siguiente, nunca durante la misma.

Grabación de voz

Durante la vista se ha escuchado una grabación aportada por la fiscal recurrente que recoge el encuentro del 17 de junio de 2021, del que un perito ha validado su autenticidad.

Sin embargo, el fiscal jefe ha dicho que no estaba en condiciones de saber si esa era o no su voz. "No estoy en condiciones de saber si es mi voz, no se cuándo ni dónde ni quién, para mí es completamente imposible de saber si es mi voz".

La fiscal recurrió ante el Supremo la multa de 1.500 euros por infracción grave por retrasos en la tramitación de asuntos que el fiscal general del Estado le impuso en 2022 tras el expediente disciplinario que se le abrió. Pide que se anule y se le devuelva el importe.

En su demanda, la fiscal relata en su demanda que su jefe, a quien acusa de "acoso por razón de género", le "conminó" a seguir trabajando en casa hasta que despachase todos los asuntos que tenía pendientes y que, tras insistir ante la Inspección fiscal, este órgano emitió un documento dirigido a Huélamo en el que precisaba que la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes.

Según la demanda, Huélamo informó en julio de 2021 de unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales por la fiscal, cuando hasta entonces esta no había recibido queja sobre su trabajo, y subraya que se la asignó un juzgado "con tal sobrecarga de trabajo que acabó minando" su salud.

Como consecuencia de esos supuestos retrasos, a la fiscal se le abrieron unas diligencias informativas que acabaron en un expediente disciplinario y posteriormente en una sanción de 1.500 euros.