CSIF prepara acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Toledo ante lo que supone "una flagrante vulneración a la legalidad vigente y esconde, de manera encubierta, la asignación de determinados puestos de trabajo a personal afín al equipo de Gobierno".

El sindicato vuelve a denunciar "la mala praxis" del Ayuntamiento de Toledo en la negociación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT): en la Mesa General de Negociación celebrada este lunes, ya que "no presentó los informes preceptivos de la Secretaría de la Entidad Local ni del Interventor"

CSIF se levantó de la Mesa como medida de protesta, tal y como ha informado en nota de prensa.

La Central Sindical ha señalado que recientemente una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativa número 3 de Toledo condenaba al Ayuntamiento de Toledo por vulnerar el derecho a la negociación colectiva y anulaba la modificación de la RPT aprobada por la Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2021; sentencia en la que la jueza advertía al Consistorio que faltaban los informes "pese a ser preceptivo para la aprobación de la modificación de la RPT".

Rosario Román, delegada de CSIF en el Ayuntamiento de Toledo, señala que "se repite otra vez la misma historia, de hecho han dado por negociada esta propuesta de modificación de RPT y esperan aprobarla en la próxima Junta de Gobierno".

Esta nueva modificación de la RPT, según el sindicato, afecta a las áreas de Presidencia; Hacienda y Transparencia; Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos; Movilidad, Seguridad Ciudadana y Deportes; y Promoción Económica, Innovación, Empleo, Turismo y Artesanía.

"Estas modificaciones se realizan sin criterio de urgencia, necesidad o idoneidad, sólo persiguen un fin partidista para beneficiar a determinados trabajadores, en agravio de otros, o incluso buscando a personal en otra administración cuando hay empleados en el propio Ayuntamiento que puede ocupar la plaza", señala Román, que añade que la vía más ajustada a la legalidad es la convocatoria de procesos selectivos que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.