La asociación de vecinos afectados por las carreteras TO-20 y TO-21, tramos urbanos en Toledo capital desde 2014, ha hecho público una vez más su profundo malestar ante el ninguneo por parte del Ayuntamiento frente a su petición de que se reduzca la velocidad en estos viales. Los afectados denuncian que no son "escuchados" por parte de las autoridades municipales y que "casi somos torpedeados" ante la solicitud de que se cumpla la ley vigente desde 2021 en materia de velocidad en los tramos urbanos.

Por esta razón, los vecinos perjudicados han hecho pública su intención de recurrir al Defensor del Pueblo, "confiando en que esa noble institución sí sea oída por el Ayuntamiento de Toledo". Los afectados aseguran que tanto la Dirección General de Tráfico como la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado que se trata de una zona que es vial urbano desde 2014 y, por tanto, "toda la responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento".

En opinión de los vecinos, mantener en estos tramos "velocidad de autovía pone en riesgo a los usuarios, aumenta la contaminación ambiental y provoca un ruido que perjudica a cientos de vecinos y al colegio Bélgica". "No sabemos -afirman- qué tiene qué pasar para que el Ayuntamiento de Toledo cumpla la ley". Reclaman, en este sentido, cambios en las señales horizontales, encendido de farolas ya existentes para aumentar la seguridad y establecer los límites de velocidad fijados por la ley.

"Confiamos en El Defensor del Pueblo. Aunque no tiene carácter vinculante, al menos recibirá alguna explicación razonable por parte del Ayuntamiento ante su negativa a cumplir la ley", dicen los afectados, dispuestos, incluso, a recurrir a las instituciones europeas para resolver este problema, igual que hicieron en 2003 hasta que se instalaron las mamparas.