Guerra entre una asociación de izquierdas y el PCE por la propiedad de un local de Guadalajara: "La han asaltado"

La asociación de izquierdas Centro Social Octubre de Guadalajara ha denunciado la "irrupción a la fuerza" del local situado en la Calle Chorrón de la ciudad por parte de miembros y dirigentes del Partido Comunista (PCE). Según aseguran "rompieron cerraduras y lo ocuparon durante al menos 20 minutos de forma ilegal, con el objetivo de desalojar el espacio".

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 9 de enero, al mediodía, cuando "un grupo de diez militantes del PCE se personaron en el local aprovechando que estaba vacío".

"La central de alarmas del inmueble dio aviso a la Policía del asalto, que desalojó a estas personas y levantó acta de lo ocurrido", han indicado.

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El origen de lo ocurrido radica en una histórica disputa entre esta asociación y el PCE por la propiedad del inmueble. El PCE asegura que esta sede es suya y fue "comprada con esfuerzo y dinero de su militancia durante la Transición". Fue en diciembre de 2005 cuando el partido "arrendó gratuitamente el espacio a la asociación Centro Social Octubre para 20 años".

Sin embargo, la agrupación defiende que, aunque el "PCE tiene un papel de propiedad", ellos cuentan con "la legitimidad histórica y comunitaria". Además, acusan al PCE de querer recuperar el local para venderlo y "financiar campañas electorales, gastos corrientes y empresas vinculadas a cargos del partido".

Uso compartido

El PCE ha explicado que, en 2023, dos años antes de vencer el contrato de arrendamiento, propusieron "establecer un uso compartido del local, con la posibilidad de una prórroga si la convivencia resultaba positiva".

"La respuesta del Centro Social Octubre fue un rechazo rotundo, llegando a plantear que el PCE debía solicitar permiso para cada acto. Por ello, una vez vencido el contrato, la militancia procedió a recuperar el acceso a su propiedad. Es falso que reclamemos el local para su venta, pero debe ser devuelto a sus legítimos propietarios", han indicado.

Por su parte, la asociación ha aclarado que la oferta de uso compartido "buscaba fracturar la comunidad y preparar el camino para la recuperación total de un espacio que funciona con un modelo de autogestión abierto y comunitario, incompatible con el control partidista".

"Lo que han hecho es un acto de fuerza material. Que la Policía Nacional les advirtiera de la ilegalidad de su procedimiento confirma que su acción se situó al margen de cualquier vía pacífica y de la legalidad que dicen defender", han expresado.