Pleno de la Diputación de Ciudad Real. Foto: Diputación.
La Diputación de Ciudad Real pedirá a la Junta una moratoria de cinco años para aplicar el canon del agua
La iniciativa presentada por el Partido Popular ha sido respaldada por unanimidad por el pleno de la institución provincial.
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El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad pedir a la Junta una moratoria de al menos cinco años en la aplicación del canon por pérdidas de agua. La iniciativa ha sido presentada por el PP y respaldada por todos los grupos.
El objetivo es dar tiempo a los ayuntamientos para acometer inversiones en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento sin tener que pagar por el agua que se pierde debido al mal estado de las infraestructuras.
La portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, ha alertado que la aplicación inmediata del canon "está generando una grave carga económica para muchos ayuntamientos, especialmente los rurales".
"La Diputación es la única administración que está asumiendo inversiones reales y constantes, con más de 20 millones de euros ejecutados esta legislatura y otros 35 millones previstos en 2025", ha afirmado.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha insistido en que el canon "supone una doble imposición y acaba repercutiendo en los ciudadanos". Por ello, ha reclamado "sensatez y tiempo" para que los municipios puedan adaptarse.
Asimismo, ha pedido que los fondos recaudados, entre 70 y 80 millones, se destinen directamente a inversiones hidráulicas municipales.
Y ha recordado que ya trasladó personalmente al presidente regional, Emiliano García-Page, la necesidad de una moratoria. "Estamos defendiendo a los ayuntamientos y a los vecinos. Lo que pedimos es un plazo razonable, al menos de cinco años, para que los municipios puedan acometer las obras necesarias y reducir sus pérdidas de agua", ha indicado.
Plan "más ambicioso"
Desde el grupo socialista, el portavoz, José Manuel Bolaños, ha apoyado la propuesta, aunque ha considerado "insuficiente" el esfuerzo inversor de la institución. Por ello, ha pedido "un plan técnico coordinado y más ambicioso de al menos 130 millones de euros".
"Lo importante es ayudar a los ayuntamientos a cumplir con la Directiva Marco del Agua sin poner en riesgo su economía", ha afirmado.
