Balsa de purines junto a una planta de biometano.
Stop Ganadería Industrial denuncia que la Junta se sigue reservando la última palabra sobre las plantas de biogás
Según los cálculos de la plataforma, el 71 % de las que actualmente se encuentran en tramitación podría sortear el veto de los ayuntamientos.
Más información: Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha podrán bloquear la instalación de plantas de biometano en sus municipios
El nuevo decreto que prepara la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para regular las plantas de biogás reconoce, solo "sobre el papel", el poder de decisión de los ayuntamientos para autorizar o rechazar la implantación de estas instalaciones en sus términos municipales.
Sin embargo, el texto introduce una vía de excepción que podría cambiar por completo el alcance real de esta competencia: la figura de los proyectos declarados "prioritarios".
Este matiz legal, ha denunciado este lunes mediante una nota de prensa la plataforma Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, reserva la última palabra al Gobierno autonómico, dejando potencialmente "sin efecto" el veto local.
Por ello, este colectivo que agrupa a 50 movimientos vecinales de las cinco provincias castellanomanchegas, mantiene una postura de profunda cautela. Si bien la organización valora como "positivo" el paso de intentar dar voz a los consistorios, entiende que este avance queda neutralizado por las "múltiples excepciones" que incluye el texto.
Así, advierte del riesgo de que los proyectos prioritarios conviertan la norma en "papel mojado", afirmando que el borrador no supone el "cambio radical y garantista" que la Junta prometió tras la caída del anterior plan.
De hecho, Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha acusa al Gobierno regional de haber redactado el documento pensando "en los intereses económicos de las empresas de gas y energéticas, en vez de en los intereses de los ayuntamientos y ciudadanos".
Por este motivo, la plataforma exige a la Consejería de Desarrollo Sostenible una revisión "a fondo" del texto antes de su aprobación definitiva y hace un llamamiento urgente a la población para que presente sus propias alegaciones antes del 24 de agosto.
El principal interrogante, a juicio de la coordinadora vecinal, sigue siendo el mismo: si los ayuntamientos tendrán realmente la última palabra o si el Ejecutivo recuperará el control de estas instalaciones por la puerta de atrás.
Segundo intento
Se trata del segundo intento del Ejecutivo regional por ordenar un sector que ha provocado una creciente contestación social en numerosos municipios. El anterior Plan Regional de Biometanización tuvo que ser retirado el pasado mes de junio tras recibir más de 15.000 alegaciones por parte de organizaciones, particulares y ayuntamientos.
Ahora, el nuevo borrador se encuentra en periodo de participación pública. Aunque la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido que este modelo es "garantista" y otorga autonomía a los consistorios, los colectivos vecinales denuncian que "existen numerosos aspectos que demuestran que no es así".
![Mapa de plantas de biogás en Castilla-La Mancha.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11336625.jpg?h=sv9zzICa"])
Mapa de plantas de biogás en Castilla-La Mancha.
La clave de esta polémica, argumentan desde la plataforma, reside en las zonas vulnerables a los nitratos. Actualmente, el 46 % de la superficie castellanomanchega está incluida en estas áreas de protección medioambiental.
Según la normativa propuesta, cualquier proyecto de biogás ubicado en estos terrenos que vaya a recibir purines, vinazas o alperujos es susceptible de ser declarado prioritario.
Los cálculos de Stop Ganadería Industrial revelan que esta condición permitiría que 50 de las 70 plantas que hoy se encuentran en tramitación pudieran acogerse a esta figura. En la práctica, señalan, esto significa que el 71 % de los proyectos quedaría fuera de la capacidad de bloqueo de los municipios.
Ocho casos concretos
Esta vía de excepcionalidad no es meramente teórica para la organización vecinal, que señala que ocho proyectos ya han sido declarados prioritarios en la región: cuatro en la provincia de Toledo (Noez, Gálvez, Madridejos y Mascaraque) y otros cuatro en Ciudad Real (Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava).
A esto se suma que el Gobierno autonómico puede recurrir a otras herramientas legales, como la declaración de interés regional o los Planes de Singular Interés, que "les liberaría de ciertas normas urbanísticas".
Además, recuerdan que la reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental autonómica exige que el rechazo de un ayuntamiento deba ser motivado, reservando para la propia Junta el papel de valorar si dicha justificación "es suficiente".
Residuos
Más allá del plano competencial, el decreto introduce condiciones técnicas sobre los residuos que la plataforma tacha de permisivas.
La normativa establece que el 80 % del material deberá proceder de un radio máximo de 35 kilómetros alrededor de la planta. El 20 % restante, sin embargo, podrán ser residuos que vengan "de cualquier parte", critican desde el colectivo.
Para Stop Ganadería Industrial, las garantías sobre la ubicación de las infraestructuras son "insuficientes" porque el decreto está "lleno de excepciones" que generan "inseguridad jurídica".
El texto fija una distancia mínima de 500 metros respecto a las macrogranjas, pero lamentan que "se podrá reducir en ciertos casos".
A 251 metros de embalses
Asimismo, denuncian que se autoriza situar las instalaciones a tan solo 251 metros de captaciones de agua o embalses, lo que supone "un riesgo para el agua de consumo".
Otro aspecto cuestionado por los vecinos es que las separaciones exigidas respecto a los núcleos urbanos o negocios turísticos "no tienen en cuenta la dirección de los vientos dominantes".
De hecho, el decreto deja fuera de los límites de olor exigibles a zonas residenciales a las viviendas aisladas, hoteles y restaurantes, sin que se prevea "ninguna compensación económica" a cargo de las empresas.
Digestato
La gestión del residuo resultante del proceso, conocido como digestato, supone otro de los grandes focos de queja.
El colectivo denuncia que la normativa "no exige la trazabilidad" del mismo y alerta de lo que consideran una contradicción: aunque una planta deba construirse a una distancia mínima de dos kilómetros de un núcleo urbano, el decreto permite que el digestato se aplique "a solo un kilómetro".
