Un taxi.
Tres municipios de Castilla-La Mancha mantienen una cláusula que impide a las personas con VIH ser taxistas
En Albacete, Ciudad Real y Chiloeches (Guadalajara) se exige "no padecer enfermedad infectocontagiosa" para obtener una licencia de taxi.
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Tres municipios de Castilla-La Mancha figuran entre el medio centenar de localidades españolas que todavía mantienen ordenanzas o requisitos administrativos con formulaciones que pueden impedir a las personas con VIH acceder a una licencia municipal de taxi. Se trata de Albacete, Ciudad Real y Chiloeches (Guadalajara), según un informe elaborado por la Comisión de VIH y Trabajo.
El documento, impulsado por Cesida, la Federación Estatal LGTBI+, Trabajando en Positivo, CCOO y UGT, se ha elaborado tras la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo a raíz de una investigación sobre 12 municipios de la Región de Murcia.
La institución, dirigida por Ángel Gabilondo, solicitó información a varios ayuntamientos después de que UGT Murcia denunciara que determinadas ordenanzas podían vulnerar el principio de igualdad y no discriminación.
Formulación "anacrónica"
La Comisión de VIH y Trabajo sostiene que en 50 municipios de siete comunidades autónomas siguen vigentes normas que exigen para obtener una licencia de taxi "no padecer enfermedad infectocontagiosa", una formulación que considera "anacrónica", carente de respaldo científico y potencialmente discriminatoria.
Según las organizaciones, este tipo de cláusulas constituyen una barrera porque utilizan una expresión "amplia, imprecisa y desactualizada" que puede actuar en la práctica como un elemento de exclusión o desincentivo para las personas con VIH.
Además, advierten de que mantener estos requisitos contribuye a perpetuar el estigma y transmite una imagen errónea sobre las vías de transmisión del virus.
Cambiar el criterio
Como alternativa, la Comisión propone sustituir estas referencias por un requisito basado exclusivamente en la capacidad para desempeñar la profesión.
En concreto, plantea exigir un certificado médico oficial que acredite que la persona aspirante no presenta ningún impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el ejercicio normal de la actividad de taxista, sin hacer referencia a enfermedades infectocontagiosas.
Las organizaciones consideran que la intervención del Defensor del Pueblo supone un paso "importante en la defensa de la igualdad de trato" y reclaman que la revisión normativa se extienda a todos los municipios españoles donde todavía existan disposiciones similares.
Asimismo, piden que esta actualización no se limite al sector del taxi. A su juicio, la eliminación de barreras legales y administrativas debe formar parte de una política pública orientada a garantizar el derecho al trabajo, combatir el estigma asociado al VIH y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y a las licencias públicas.
