Menores no acompañadas que viajan solas desde Honduras, se sientan entre otros niños solicitantes de asilo mientras esperan ser transportados a una instalación de procesamiento de la patrulla fronteriza de EEUU, el 6 de mayo de 2021. Vozdeamerica
El Constitucional admite el recurso de Castilla-La Mancha contra el decreto de reparto de menores migrantes
La Junta denuncia la falta de diálogo y financiación en la norma, convalidada por el Congreso el 10 de abril de 2025.
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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el real decreto-ley que regula el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, una decisión que reabre el debate sobre la gestión de las contingencias migratorias extraordinarias.
El recurso impugna tanto el contenido del decreto como el proceso seguido para su aprobación, al considerar que han vulnerado principios básicos del reparto competencial y de cooperación territorial, especialmente en un ámbito tan delicado como la atención a menores no acompañados.
El acuerdo, adoptado por el pleno del alto tribunal el 8 de julio, ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y afecta al Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia entre situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La norma, convalidada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 10 de abril de 2025, establece los criterios para distribuir a los menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades, algo que la Junta de Comunidades considera inviable en las actuales situaciones.
Sin diálogo
El Ejecutivo castellano-manchego ha justificado la presentación del recurso alegando que el decreto se aprobó "sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno", lo que, a su juicio, vulnera el principio de cooperación institucional en un asunto de especial sensibilidad.
La Junta sostiene además que la falta de financiación asociada a la medida "pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor", al obligar a las autonomías a asumir competencias sin la dotación económica necesaria para atender a los niños y adolescentes afectados.
