José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, en la tribuna de la Cortes regionales.
Castilla-La Mancha aprueba la Ley de Simplificación que facilita los trámites con la administración
La normativa ha sido aprobada en el pleno de este jueves con los votos a favor de PP y PSOE y el rechazo de Vox.
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La Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa ha sido aprobada este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha con el respaldo del PP y el PSOE y el rechazo de Vox. Esta normativa nace con el objetivo de reducir la burocracia en los trámites administrativos de la región.
El encargado de defender esta norma en la tribuna por parte del Gobierno regional en el debate previo a la votación ha sido el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha destacado el objetivo de alcanzar una administración "más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva".
Guijarro ha detallado que la nueva ley se basa en tres grandes bloques: la simplificación en el procesamiento de tramitación administrativa, la regulación de entidades colaboradoras y las medidas en materia de administración digital.
Sobre el primero de los apartados, la simplificación en la tramitación administrativa, ha expuesto que la gran novedad radica en la regulación de las unidades administrativas de apoyo que permitirá crear unidades de apoyo en coyunturas de "cuellos de botella" y en el sentido estimatorio del silencio administrativo y su revisión, en un año, de los procedimientos susceptibles de esta figura.
En cuanto a la regulación de entidades colaboradoras, ha enmendado el argumento de Vox de crear una administración paralela. "La ley permitirá un régimen más completo y garantista", ha asegurado el vicepresidente, que además ha añadido que estas entidades también podrán actuar en procedimientos de competencia de las entidades locales si así lo solicitan.
En tercer lugar, las medidas de administración digital han sido calificadas por Guijarro como una "revolución" que fomentará la relación electrónica y el uso de la inteligencia artificial (IA). Una "enorme innovación", a su juicio, que hace de Castilla-La Mancha una región "pionera" ante la escasa regulación que todavía existe por parte de la Unión Europea.
Por último, el número dos del Ejecutivo regional ha hecho hincapié en la creación del Espacio Ciudadano que recoge la ley del que ha explicado que "no solo será una carpeta de uso para la ciudadanía y las empresas", sino que también servirá de herramienta para que "puedan relacionarse con la administración de una manera más rápida, eficaz y acorde con los tiempos actuales".
Ley consensuada
La aprobación de esta ley ha llegado a las Cortes con el consenso de los dos grandes partidos, PSOE y PP, tras su paso por la comisión de Asuntos Generales. En este sentido, el presidente del grupo parlamentario socialista, Ángel Tomás Godoy, ha argumentado el apoyo de su grupo en la necesidad de crear una administración "más moderna, dinámica, digitalizada y cercana a los ciudadanos".
Tras agradecer el apoyo del PP, ha pedido al tercer grupo representado en las Cortes, Vox, que "recapacite" y brindara su apoyo a una norma que nace de una "petición social" para crear un vínculo más "ágil y eficaz" entre ciudadanos y administración.
De su lado, el diputado del PP Santiago Serrano ha confirmado el apoyo de su grupo a la nueva ley pero ha avisado que esto no supone un "cheque en blanco" para el Gobierno regional. No obstante, ha destacado que el PSOE haya aceptado el 70 % de las peticiones del PP en temas como la inclusión de ayuntamientos o del sector de la agricultura entre las entidades de colaboración.
Por último, el diputado de Vox Luis Juan Blázquez ha criticado al entente entre los dos grandes grupos para sacar adelante una ley que ha calificado de "mala" y que nace con el objetivo perpetuar el bipartidismo entre los que "entienden la Administración como algo que les pertenece y se la alternan".
De ahí que haya insistido en la "privatización encubierta" de los servicios públicos que supone a través de las entidades colaboradoras pese a la operación de "maquillaje legislativo" llevada a cabo por los dos grandes partidos representados en la Cámara.
