El 90 % de los jueces de Toledo secundan la huelga contra la ley Bolaños: "Defendemos la independencia judicial"

Alrededor del 90 % de los jueces del partido judicial de Toledo han secundado la huelga convocada por cinco asociaciones y que se ha prolongado durante los tres primeros días de julio.

"Se han paralizado todas las actuaciones judiciales", ha asegurado José Ramón Bernácer, juez decano de la capital de Castilla-La Mancha.

Los únicos procedimientos judiciales que se han desarrollado en Toledo entre el martes y el jueves se han correspondido con los servicios mínimos fijados por los propios convocantes de la huelga.

Los juzgados de guardia y otras actuaciones urgentes "sí se han llevado a cabo", detalla Bernácer. Sin embargo, la actividad regular ha quedado suspendida.

Aunque el decano prefiere no referirse al resultado de la convocatoria como "éxito", la movilización ha obtenido un respaldo casi unánime en la capital regional.

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El seguimiento de la protesta ha sido "incluso superior a la media nacional", una adhesión que se ha situado, según los datos ofrecidos por las diferentes asociaciones, en un 75 % de las plantillas.

Pese al aval mayoritario brindado por jueces y fiscales, el parón no ha provocado ninguna respuesta. "El Ministerio de Justicia no se ha puesto en contacto con ninguna de las asociaciones convocantes para intentar resolver este conflicto", ha subrayado Bernácer.

El silencio no ha sido bien recibido por los profesionales de la judicatura. El juez decano de Toledo ha augurado que después del verano "se plantearán nuevas acciones".

Los convocantes lamentan que desde el departamento que dirige Félix Bolaños "no han manifestado ninguna predisposición a negociar". Bernácer contrapone esta actitud al seguimiento "rotundo" de la huelga.

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Tres grandes escollos

Los puntos críticos de la reforma que impulsa el Gobierno de España, la conocida como ley Bolaños, se concretan en "tres aspectos fundamentales", ha detallado Bernácer.

La modificación planteada en el acceso a la carrera judicial "era una cuestión sobre la que no existía controversia alguna", ha aclarado.

"Todos estaban tan conformes con el acceso actual", afirma el también juez de menores. La incorporación parte "de una oposición en estudiar y aprobar, lo que garantiza la igualdad entre todos los opositores".

Sin embargo, la propuesta legislativa presentada por el Gobierno de España "pretende introducir criterios subjetivos, eliminar exámenes teóricos y, en definitiva, suprimir la objetividad en la selección de la oposición".

El segundo "gran pilar" de la reforma a la que se oponen los magistrados "es el de hacer jueces de carrera". Al respecto, Bernácer ha calificado como "bastante sospechoso" el número de plazas que se quieren añadir, un total de 1.004 puestos. "No son 1.000 ni 1.100", ironiza.

Al magistrado toledano le gustaría que este colectivo se integrara en la carrera judicial con las mismas condiciones con las que "hemos accedido todos los demás".

El tercer gran obstáculo apunta al Ministerio Fiscal, a quien el Gobierno quiere "encargar" la investigación de los asuntos criminales.

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La preocupación del sector judicial estriba no tanto en los "muy buenos profesionales" que ejercen como fiscales, sino en la "estructura jerárquica" de un cuerpo en cuya "cúspide" se encuentra el Fiscal General del Estado, quien "tiene una absoluta dependencia política".

Antecedentes

Bernácer ha tildado de "muy peligroso" el escenario que anticipa una eventual aprobación de las reformas que encabeza Bolaños.

En paralelo, el decano del partido judicial de Toledo ha remarcado que las movilizaciones no incluyen una reivindicación "ni salarial ni de condiciones laborales". Los cambios que contempla la normativa en tramitación "nos parecen muy graves para toda la sociedad".

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Además, los jueces han rescatado anteriores protestas contra ministros de otro signo político. "Realizamos protestas, incluso huelgas, con [Alberto Ruiz-] Gallardón y [Rafael] Catalá", ha dicho.

Aunque la "historia de las movilizaciones judiciales", como la llama Bernácer, no tiene "una larga trayectoria", sí ha tenido capítulos previos con otros gobiernos, también con el PP al frente.

"Como dicen muchos de mis compañeros, el Estado de derecho no es de derechas ni de izquierdas", ha resumido. Sus protestas "intentan defender a todos y, sobre todo, la independencia judicial", un principio que "nos parece básico".