La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha reconoce nuevos derechos y blinda a Toledo como capital

La propuesta de remodelación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobada el pasado jueves en las Cortes regionales tras ser pactada por el PSOE y el PP, recoge en su articulado los cambios políticos y sociales que han sacudido a la región desde su fundación.

Las principales novedades que añade el articulado son la relación de competencias y las consiguientes potestades de la Junta sobre ellas, el listado de principios y derechos con los que la comunidad autónoma se compromete, y los debates emergentes a partir de una vocación inclusiva.

El desarrollo del Estado de las autonomías a lo largo de las cuatro últimas décadas ha dotado a Castilla-La Mancha de capacidades en diferentes áreas. El nuevo Estatuto clarifica cuáles son las competencias exclusivas de la Junta, cuáles debe legislar y en cuáles tiene una mera función ejecutiva.

Entre las competencias exclusivas y específicas, desarrolladas entre los artículos 72 y 76 del Estatuto, se incluyen áreas como la agricultura, la ganadería, el urbanismo, la vivienda o la organización territorial.

En el caso de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución (artículo 77) se destaca a la educación y la sanidad; para ambas, la comunidad autónoma puede ahondar en el currículo o tener la gestión del sistema de salud, pero sin interferir en las bases dictadas por el Estado.

Competencias ejecutivas

Por su parte, para las competencias ejecutivas (artículo 78) la Junta aplica la normativa nacional o comunitaria, como en el caso de la energía, las telecomunicaciones o para la ejecución de los fondos europeos que riegan diferentes proyectos de desarrollo en el territorio regional.

Más allá de delimitar los tres escalones competenciales, la reforma suscrita por los parlamentarios del PSOE y el PP introduce diferentes novedades vinculadas con el ámbito social. En el artículo 9 se alude a las "entidades de la Economía Social y el Tercer Sector"; además, se emplea un lenguaje inclusivo: ya en el artículo 7 se cita tanto a los ciudadanos como a las ciudadanas.

Los nuevos derechos, detallados en el capítulo II del título I, aúnan los intereses de la mujer con otras referencias explícitas a la infancia, la juventud, las personas con discapacidad y los mayores. La Junta se compromete a disponer "de partidas presupuestarias suficientes para garantizar [su] cumplimiento efectivo".

Ellas protagonizan el artículo 16. Añadido en la propuesta de reforma, remarca "la efectiva igualdad" entre ambos sexos y convoca a los poderes públicos a la "eliminación de cualquier discriminación" que perjudique a las mujeres en los ámbitos sociales, políticos, culturales, deportivos, laborales y económicos.

El vídeo del Gobierno de Castilla-La Mancha para conmemorar el 8M: "La igualdad es nuestra prioridad"

Asimismo, "los principios de libertad, igualdad y justicia para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, en un marco de convivencia, equidad y solidaridad", según reza la ampliación del artículo 1, son el nuevo marco con que el legislador concreta las intenciones de la norma institucional en la revisión más profunda que ha encarado.

Retos del presente y el futuro

El renovado Estatuto acumula menciones al cambio climático (artículos 8, 10 y 77), la violencia de género (artículo 16), la inteligencia artificial (artículo 77) o la inmigración (artículo 3). Se trata de realidades propias del pasado más próximo, también del presente y el futuro, que el anterior texto, elaborado en 1982, no contemplaba.

Además, convoca a quienes sientan conculcados los derechos fijados entre los artículos 11 y 20 a acudir al Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, otra institución que se prevé recuperar.

También los deberes se extienden. El artículo 10 contiene referencias a la sostenibilidad, la convivencia y el respeto a los valores democráticos, tres aspectos para los que se exige el concurso ciudadano.

El proyecto de reforma certifica la capitalidad de Toledo y a Albacete como sede del Tribunal Superior de Justicia. Del mismo modo, se consagra al 31 de mayo como fecha de la festividad de la región.

El nuevo Estatuto de Autonomía blinda a Toledo como capital de Castilla-La Mancha

Otra novedad estriba en el reconocimiento de las singularidades territoriales, como las comarcas o las localidades sin ayuntamiento. Además, se citan las entidades supramunicipales de Villa y Tierra, el Señorío de Molina y las Tierras de Talavera.

Cabe plantear qué postura tomarían los dos partidos que han reconocido tales singularidades si una hipotética reforma de la Constitución añadiera referencias concretas sobre determinados territorios españoles.

La gestión que viene

En el plano legislativo, la incorporación del decreto ley se erige como la principal novedad. Este mecanismo, que permitiría agilizar la toma de decisiones del Ejecutivo, habrá de ser convalidado posteriormente por las Cortes regionales.

Pero la modificación más compleja, y la que levantó una barrera entre PSOE y PP, ha sido la relacionada con el procedimiento para cambiar la ley electoral.

El Estatuto fija en la mayoría absoluta el quórum necesario para materializar tal propuesta; una barrera que la proposición recién aprobada en el Parlamento autonómico eleva hasta los tres quintos de la Cámara.

La horquilla en vigor prevé un número de representantes comprendido entre los 25 y los 35. La idea pactada por los dos grandes partidos dispara hasta los 55 el posible tamaño de la Cámara.

En cualquier caso, hasta 2028 no se podrá acometer modificación alguna: en las próximas elecciones autonómicas se escogerá, por cuarta legislatura consecutiva, a 33 diputados.

PSOE y PP acuerdan un máximo de 55 diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero no antes de 2027

El Estatuto que las Cortes Generales estudiarán, debatirán y, en su caso, aprobarán, con o sin enmiendas, incluye 94 artículos, 40 más de los que tiene en la actualidad.