Protesta de la Junta de Personal Funcionario en Toledo.
Pulso de los sindicatos al Gobierno de Page por la Ley de Simplificación Administrativa: "Ni Cospedal se atrevió a tanto"
Acusan al Ejecutivo de privatizar los trámites administrativos con la creación de las nuevas entidades colaboradoras.
Más información: Ruiz Molina defiende que la Ley de Simplificación Administrativa ni "privatiza" ni "sustituye a funcionarios"
Representantes de la Junta de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han salido este miércoles a la calle en las cinco provincias de la región para protestar contra la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa que está tramitando el Gobierno autonómico.
La parte de la futura ley a la que los sindicatos ponen más reparos es a la que tiene que ver con la creación de la figura de entidades colaboradoras, pese a que el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, aseguró este martes que su puesta en marcha no implica "privatización" ni sustitución de funcionarios, sino que permitirá que participen en "la confección de la documentación" para agilizar trámites administrativos.
Los sindicatos, sin embargo, consideran que esta norma supone "una de las privatizaciones más gordas" en la historia de la comunidad autónoma, a un nivel que "ni Cospedal se atrevió" a implementar, y reclaman una mayor contratación de empleados públicos en lugar de recurrir a entidades privadas.
Privatización encubierta
En Toledo, varias decenas de representantes sindicales de UGT, CCOO, STAS y CSIF se han concentrado a las puertas de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades, en la Plaza del Cardenal Silíceo. Allí han coreado consignas como "Page y Cospedal privatizan por igual" o "no es simplificación, es privatización".
La representante de CSIF en la Junta de Personal de Toledo, Victoria Ortiz, ha denunciado que la norma supone "una forma encubierta de ir privatizando servicios", ya que permite que trámites administrativos que actualmente realizan funcionarios pasen a ser efectuados por entidades privadas. "La Administración simplemente se va a limitar a decir si es favorable o desfavorable", ha explicado.
Ortiz, según recoge la agencia de noticias Europa Press, ha advertido de que esta situación podría provocar "una pérdida de empleo público" en áreas clave como patrimonio, desarrollo rural, bienestar social o sanidad. A su juicio, la ley permitirá la entrada de empresas privadas en trámites esenciales "según lo que ellos consideren oportuno".
Por su parte, Juan Bautista González, de CCOO, ha criticado que el Gobierno autonómico ha "ninguneado" todas las aportaciones sindicales al texto legislativo. "Se hizo un simulacro de negociación para excluir a los sindicatos", ha afirmado, señalando que "tienen mucha prisa en sacarlo adelante porque tienen el rodillo de la mayoría absoluta".
Retirada de apoyo
Desde STAS, Gustavo Fabra ha sido contundente al afirmar que esta es "una privatización en toda regla". "Vemos que nos están amenazando como hace 10 años. Luego no nos llevemos las manos a la cabeza si la función pública decide retirar el apoyo al Gobierno de Castilla-La Mancha", ha advertido.
Fabra ha denunciado que la Administración "está generando una situación de colapso" con la falta de personal "para luego justificar que venga la empresa privada a resolver la papeleta". En este sentido, ha señalado que "si Page decía que sin el techo de gasto habría que echar a 2.500 empleados públicos, ahora con la quita de la deuda puede contratar a más personal y reducir los tiempos de tramitación".
"Ciudadanos de primera y segunda"
Por último, Rafael López, representante de UGT, ha alertado de que la ley creará "ciudadanos de primera y de segunda", diferenciando entre quienes puedan permitirse pagar la agilización a través de entidades privadas y quienes tengan que pasar por un servicio "colapsado y desdotado". Además, ha advertido de que estas empresas accederán a "datos sensibles" sin tener el deber de sigilo que sí tienen los funcionarios.
Otro momento de la protesta.
Por todo ello, la Junta de Personal Funcionario de Castilla-La Mancha ha exigido la paralización de la norma y la apertura de un proceso de diálogo con los sindicatos. "Los servicios públicos no se venden, se defienden", han proclamado en la concentración.
