El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la contratación de 17 funcionarios interinos para reforzar los equipos de los centros base de la comunidad autónoma, con el objetivo de reducir la lista de espera para las valoraciones en discapacidad, que en la actualidad se encuentra en unos 15 meses de demora.

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, Bárbara García Torijano, ha informado en rueda de prensa de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, ya que en total se han aprobado dos expedientes por un montante total de 10,4 millones de euros.

Uno de estos expedientes es la contratación temporal, durante un año, de diecisiete terapeutas ocupacionales para reforzar los equipos de los centros base de la región, pues la consejera de Bienestar Social ha reconocido que la región, como el resto de comunidades autónomas, está pasando "un momento de dificultad" debido a la entrada en vigor del nuevo decreto del Ministerio de Asuntos Sociales, aprobado en abril de 2022, para valorar a las personas con discapacidad.

Más baremos, más dificultad

García Torijano ha explicado que el nuevo decreto ha pasado de aplicar dos a cinco baremos para valorar la discapacidad y, además, ha conllevado la puesta en marcha de dos aplicaciones informáticas nuevas, que tardaron seis meses en estar operativas, y ha supuesto la formación del personal para aprender a manejarlas.

Con todo, la consejera de Bienestar Social ha admitido que la lista de espera para discapacidad aumentó en la región y alcanzó incluso los dos años, aunque ha resaltado que el Gobierno regional ha puesto en marcha medidas para hacer frente a esta situación, de forma que en la actualidad la lista de espera son unos quince meses.

Así, ha detallado varias de esas medidas, como la contratación de equipos de refuerzo en los centros base de Albacete y Toledo y, en este punto, ha informado de que este personal se va a mantener.

Jornadas de formación

Además, ha recordado que se han organizado jornadas de formación para que los profesionales de los centros base conozcan, de mano de los creadores del baremo, las claves más importantes para poder agilizar los tiempos de valoración, se han elaborado nuevas instrucciones para agilizar los procedimientos administrativos y también se ha dado la instrucción de que se dé prioridad a las valoraciones de discapacidad de personas en situaciones extremas de vulnerabilidad.

Todo ello, a lo que hay que sumar las nuevas contrataciones, con el objetivo de que el tiempo de espera pueda reducirse hasta rondar los seis meses, que es el máximo que marca la ley, ha afirmado la consejera.

Con todo, García Torijano ha reiterado que esta situación de incremento en las listas de espera en discapacidad no afecta solo a Castilla-La Mancha, sino que es generalizado en el resto de comunidades autónomas y, por ello, ha recordado que el Gobierno regional ya ha pedido al Ministerio de Asuntos Sociales que revise el baremo, con el objetivo de que "sea un procedimiento más ágil para dar una mejor respuesta al ciudadano".

Casi 10 millones para dependencia

Por otro lado, García Torijano ha informado de que en el Consejo de Gobierno también se ha aprobado la licitación del contrato de servicio público para el acceso de productos de apoyo para personas con dependencia por 9,7 millones, un servicio de promoción de la autonomía personal gratuito para los beneficiarios y que pueden solicitar las personas con dependencia en grado 1, 2 o 3 reconocido.

Esta licitación, que saldrá en el portal de contratación del Estado en los próximos días, y que se adjudicará por un periodo de cinco años, tiene como objetivo posibilitar el acceso de apoyos a personas con discapacidad y sus cuidadores, como por ejemplo colchones articulados, sillas de ruedas eléctricas y manuales y salvaescaleras, entre otros.

García Torijano ha indicado que en la actualidad unas 3.300 personas con dependencia tienen acceso a unos 5.070 productos de apoyo y la previsión es que, con el nuevo contrato, se puedan duplicar tanto los usuarios como los productos de apoyo.

De este modo, la consejera de Bienestar Social ha subrayado que el objetivo principal de este programa es facilitar que las personas en situación de dependencia puedan permanecer en sus hogares el máximo de tiempo posible, así como facilitar la labor de las personas que les cuidan. Además, García Torijano ha recordado que estas ayudas se pueden complementar con otras prestaciones, como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.