La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha profundiza un poco más en la Ley del Juego, aprobaba en las Cortes autonómicas en julio de 2021, y se dispone a aplicar nuevas restricciones a un sector que está en retroceso en la región y al que quiere poner coto el Gobierno regional que preside Emiliano García-Page.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el próximo martes un decreto que paraliza la concesión de nuevas licencias para locales de juego durante los próximos cuatro años e impone restricciones a la instalación de nuevas máquinas tragaperras, limitándolas a un total de cien al año en toda la comunidad.

Así lo ha anunciado este miércoles en Cuenca el propio Page, quien ha explicado que el objetivo de estas medidas es evitar que la adicción al juego se cebe con los sectores más débiles de la sociedad, especialmente los jóvenes. El presidente ha destacado los buenos resultados que, a su juicio, está dando la Ley del Juego de la región en estos primeros años desde su entrada en vigor.

Parón absoluto

La moratoria para las salas de juego supondrá un "parón absoluto" de las nuevas licencias durante los próximos cuatro años y la limitación de las autorizaciones para las tragaperras, algo que, en opinión de Page, es "importante" porque “cada año desaparecen unas 300, así que lo que se está haciendo es reduciendo su número en 200 al año durante cuatro años”.

Asimismo, ha resaltado que en los últimos años "en los que se ha empezado a poner coto al mercado del juego", se ha conseguido la reducción del 14,5% de los establecimiento que se dedican a estas operaciones. "Es importante esta estrategia, estamos convencidos de que jugamos a batir uno de los fenómenos de dependencias y adicciones más peligrosas", ha dicho Page. 

En el momento de la aprobación de esta ley hace dos años y medio, el Gobierno de Castilla-La Mancha la presentó como la "más protectora y vanguardista" de España además de "la más preventiva" porque fomenta el juego responsable, "la más exigente" en cuanto a la publicidad, "la más rigurosa" en materia de sanciones y "la más progresiva" desde el punto de vista tributario. Esa ley se desarrolló en un reglamento aprobado en enero de 2022.

Una ley "muy ambiciosa"

Tal como explicó en su momento el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, la norma es "muy ambiciosa en sus fines y muy completa", además de que "da respuesta a la demanda social que reclama una mayor protección a los grupos más sensibles, especialmente los menores y compatibiliza la protección con los intereses legítimos de quienes desarrollan una actividad económica que es absolutamente legal".

El consejero detalló que es la tercera Ley del Juego de Castilla-La Mancha en los 40 años de autonomía y consideró que marcará "un antes y un después" en la regulación del sector, así como que "subsana las anomalías" de la anterior legislación de 2013 que, a su juicio, ha contribuido a la proliferación de establecimientos de juegos de manera que en 2013 había 51 locales y en 2020 había 200 autorizados, lo que sitúa la región por encima de la media nacional y de muchas otras comunidades.

Asimismo, Ruiz Molina explicó las "novedades" que introducía la Ley en relación a los principios rectores centrados en la prevención de la adicción al juego y en el fomento de la seguridad jurídica y el empleo estable y de calidad en el sector, en las actividades de sensibilización por parte de la Administración con la creación del Observatorio del Juego Responsable, y en las restricciones en materia de publicidad.

También hizo hincapié en que la normativa establece requisitos vinculados a la distancia que debe haber entre estos locales y los centros educativos, autoriza a los ayuntamientos a declarar "zonas saturadas" de este tipo de locales y establece 10 años para que los locales abiertos antes de la entrada en vigor puedan adaptarse a las nuevas condiciones, así como se refuerza el control en el acceso, se revisa el régimen sancionador y propone un régimen tributario "mucho más justo".