El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha desmarcado por completo este martes de un supuesto desvío de hasta 1.200 millones de fondos estatales y europeos presuntamente llevado a cabo desde principios de los años 90 por distintos gobiernos socialistas en la región para vincular aguas subterráneas de la cuenca del Júcar a la del Guadiana. Además, ha aclarado que la puesta en marcha de la tubería manchega, que será inaugurada este miércoles 29 de marzo, solo responde a que es una infraestructura "indispensable para beber en buena parte de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo".

"Les molesta mucho a algunos que abramos la tubería manchega y que se abra después de haber llegado a acuerdos con todos los ayuntamientos en este sentido, el último el de Villarrobledo, del PP", ha asegurado García-Page durante una comparecencia celebrada horas después de que este martes el periódico 'Libertad Digital' haya publicado que el pasado mes de diciembre la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, que comprende 29 municipios de las provincias de Albacete y Cuenca, presentó una querella contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Audiencia Nacional por este caso de supuesta malversación.

Según el citado medio, la querella presentada por la entidad de derecho público con sede en San Clemente (Cuenca), que incluye a más de 3.000 usuarios del agua de la zona como agricultores, ganaderos e industrias, se dirige contra el expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda y varios de sus consejeros, además de numerosos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), algunos de los cuales todavía siguen en su puesto.

Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha.

Ante estas informaciones, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido durante una rueda de prensa explicaciones al actual Ejecutivo regional. "Se están publicando noticias que señalan hechos muy graves que apuntan directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha, que señalan una presunta trama de fraude y de malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos. Alguien tendrá que explicar por qué ha habido una denuncia, por qué más de 3.000 agricultores han puesto una querella por este posible fraude. Es una información muy grave. El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que dar explicaciones y aquí no vale esconderse", ha defendido la número dos de los 'populares' de la región. 

"Desde el Partido Popular le exigimos a García-Page que salga a dar explicaciones de si hay o no hay un caso de corrupción", ha señalado Agudo apelando al actual presidente de Castilla-La Mancha, que ha salido al paso prácticamente de inmediato. En una nota de prensa, la formación política ha recordado que, según la querella, "fondos europeos destinados inicialmente a la protección del medio ambiente y a la calidad de los acuíferos se habrían destinado a inflar contratos, pagar comisiones y beneficiar a altos cargos de empresas públicas, entre otros delitos".

"Las denuncias están archivadas"

Durante una intervención pública desde el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico, García-Page ha pedido seriedad y ha lamentado la política "virtual y falsa" que "algunos" están haciendo con la tubería manchega, acusando a su Gobierno de corrupción "cuando saben, y si no lo saben son malintencionados, que todas las denuncias planteadas están archivadas".

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han asegurado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que la Audiencia Nacional comunicó verbalmente el pasado 8 de marzo a los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la inadmisión de la querella. 

Aunque el presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, Ruperto Mesas, ha confirmado a este periódico la inadmisión de la querella, ha asegurado que solo se trata de una negativa provisional que ya ha sido recurrida mediante un recurso de reforma, estando a la espera hoy por hoy de la decisión definitiva de la Audiencia Nacional. 

"El proceso está vivo"

"El proceso está vivo, incluso más vivo que nunca", ha explicado Mesas, que ha adelantado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM mediante conversación telefónica que el caso ha sido elevado a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea (EPPO), la rumana Laura Kövesi, debido a que la Comunidad de Usuarios tiene "sospechas fundadas" de que las fiscales españolas asignadas para este caso estaba trabajando en "supuesta connivencia con los gobiernos nacional y regional".

Ruperto Mesas ha explicado que "los hechos denunciados, que tienen relación con la gestión del agua, se vienen produciendo desde los años 90, pero culminan en la actualidad y previsión de futuro", de acuerdo con los recientes planes hidrológicos aprobados por el Gobierno de España el pasado mes de febrero. 

Por último, ha señalado que la explosión de esta polémica a dos meses de las comicios autonómicos del próximo 28 de mayo no tiene "ningún fin político" y "en absoluto tiene que ver con las elecciones", sino que la querella fue presentada a finales del pasado mes de diciembre para que no prescribiesen los supuestos delitos y es ahora cuando la Audiencia Nacional está deliberando si la admite o no.

El PSOE señala al PP

Sin embargo, el presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, ha indicado que la denuncia "huele mal" y ha apuntado al PP puesto que, a su juicio, "siempre que hay elecciones juega a ver si encuentra corruptos". "En Castilla-La Mancha siempre hemos sido limpios", ha asegurado.

Según Mora, "lo que quiere (el PP) es jugar sucio" y se ha cuestionado: "Si Paco Núñez no es capar de ganar unas elecciones jugando limpio, ¿qué podría ser capaz de hacer si es presidente de Castilla-La Mancha?".

Según 'Libertad Digital', los denunciantes "llevan años batallando para que la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y del Júcar responda a criterios hidrogeológicos y no a intereses económicos y políticos". "No en vano, lo que pretende demostrar la actual querella es que, a pesar de que estas aguas subterráneas vierten en el Júcar, los querellados manipularon y/o falsearon datos para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel", añade, algo que habría generado un perjuicio económico a los integrantes de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos cifrado en más de 300 millones de euros en los últimos 10 años, el periodo que aún no habría prescrito.

Aunque el PP ha informado mediante una nota de prensa que los hechos, de confirmarse, supondrían "un presunto fraude de 1.200 millones de euros, continuado y en dos etapas: desde 1992 a 2011 y desde 2018 a la actualidad", fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han asegurado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM que la querella presentada ante la Audiencia Nacional no implica a miembros del actual ejecutivo.