El Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM) ha denunciado "intrusismo laboral e incumplimiento de la legislación laboral vigente" por parte de la Junta en un pliego para la contratación de 73 profesionales.

A través de un comunicado, señalan que la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social ha hecho público el pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato administrativo de gestión de 73 plazas profesionales para la ejecución de medidas judiciales de internamiento establecidas en la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Así, expresan su “sorpresa y malestar” por la descripción de los perfiles y las funciones del personal de la plantilla del dispositivo, que solo es necesaria “una titulación mínima de diplomatura o equivalente en las áreas psicológica, pedagógica o socioeducativa para los profesionales de nueva incorporación y una experiencia contrastada de al menos 1 año de actividad”.

Titulación de Educación Social

El colegio ha informado que las competencias son “de relación directa e inequívoca” con la titulación universitaria de Educación Social y propias del área de intervención del educador social en estos dispositivos.

Expresan que el III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores recoge que "la intervención socioeducativa especializada, en todo caso, será ejecutada por el educador social".

Por ello, exigen que el requisito de titulación para este puesto sea la Diplomatura o el Grado en Educación Social u otras titulaciones con la habilitación de un colegio profesional de Educación Social. Asimismo, han avanzado que iniciarán acciones legales ante estas “irregularidades”.