La Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha propone a organizaciones agrarias, partidos políticos y organizaciones sindicales unirse en una petición conjunta para solicitar que la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam) se integre en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En un comunicado, la Plataforma ha enviado esa petición a diversas organizaciones agrarias (Asaja, Unión de Uniones, UPA, COAG), partidos políticos (Ciudadanos, Podemos, PP, PSOE, Vox) y organizaciones sindicales (CCOO, UGT, SIBF, USO, SATIF) para presentar de forma conjunta esa petición al Gobierno de Castilla-La Mancha en la que solicitan que Geacam se financie con fondos propios y el personal pase a ser personal laboral y que el PDR se destine íntegramente a agricultura y ganadería.

Ayudas a la agricultura ecológica

Según han detallado, en el año 2016 el Gobierno de Castilla-La Mancha "redujo hasta en un 67% la cuantía de las ayudas a la agricultura ecológica, cambiando las reglas de juego a mitad de partido, argumentando que no había dinero suficiente en el Programa de Desarrollo Rural".

Desde ese año, la Plataforma ha reclamado judicialmente el recorte de las ayudas ante la justicia española y próximamente también lo hará ante la justicia europea, tras comprobar "que no es cierto que no hubiese dinero en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), sino que dicho dinero se desvía para la financiación de un servicio público como es la prevención y la extinción de incendios".

En concreto, hasta el año 2020, año en que acababa el PDR, "se habían gastado 898 millones en todo el PDR de los 1.479 millones disponibles, estando sin gastar 581 millones de euros, un 40% del PDR", han detallado, asegurando que, hasta ese año, el Gobierno autonómico "ha destinado 499 millones de ayudas europeas para financiar Geacam, la cual ha recibido 389 millones de euros del PDR hasta el año 2022".

La Plataforma ha destacado que desde el 2015 "se ha duplicado la subvención que recibe Geacam, pasando de 50 millones a los 100 millones de euros, aunque la cifra de personal entre 2016 y 2020 se mantiene constante".

"Los agricultores y ganaderos estamos de acuerdo en que debe existir un servicio de prevención y extinción de incendios y de cuidado de medioambiente, pero este tiene que ser un servicio público que se financie con fondos propios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no a costa de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, porque no solo nosotros disfrutamos del monte, todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha se benefician del cuidado medioambiental del mismo. Es un servicio que utilizamos todos y por eso debe financiarse con los impuestos de todos, no únicamente a costa del PDR".