Más de un año después de que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran la Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas, su tramitación nacional sigue en stand by. El Gobierno de García-Page aprovechó el derecho que le otorga la Constitución Española para aprobar en las Cortes regionales una iniciativa legislativa que remitió al Gobierno de Pedro Sánchez sin que por el momento se sepa nada sobre su tramitación en el Congreso de los Diputados.

En todo este tiempo, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no han dejado de presionar de una manera más o menos contundente. Uno de los últimos movimientos lo llevaba a cabo la portavoz Blanca Fernández alertando que de no poner coto a este problema, podría suponer que proliferasen "auténticas organizaciones criminales que alquilan y subalquilan viviendas que no son suyas, a precios a veces desorbitados para ejercer la prostitución, explotar sexualmente muchas veces a menores o para traficar con drogas."

Siempre que se habla de ocupación ilegal es difícil hacer una radiografía exacta. Muchas usurpaciones que se producen en activos propiedad de grandes entidades financieras no se denuncian y por tanto no llegan a cuantificarse. No obstante, los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior y que recoge Europa Press hablan de que en los tres primeros trimestres de 2021 estos delitos crecieron un 18% en toda España y un 31,2% en el caso específico de Castilla-La Mancha al contabilizarse 606 ocupaciones en ese periodo.

Las características geográficas de Castilla-La Mancha provocan que algunas provincias como Guadalajara tengan que afrontar al mismo tiempo problemas tan a priori antagónicos como la lucha contra la despoblación en zonas interiores y la presión de un fuerte incremento de la población en otras zonas más próximas a Madrid que puede traer aparejado problemas de convivencia de este tipo. En este sentido, el Corredor del Henares en Guadalajara y las comarcas de La Sagra y la Mesa de Ocaña en Toledo son las tres zonas donde más casos de ocupación ilegal se producen.

El último caso grave se está produciendo esta misma semana en la localidad ciudadrealeña de Puertollano, donde el alcalde socialista, Adolfo Muñiz, ha denunciado la invasión de okupas en viviendas públicas del municipio y ha pedido al Gobierno de Emiliano García-Page que intervenga de inmediato por los problemas de convivencia que se están provocando.

Horche, el ejemplo a evitar 

Durante mucho tiempo, la imagen y el símbolo de la 'okupación' en Castilla-La Mancha ha sido Horche. Este pueblo de poco más de 2.500 habitantes en la provincia de Guadalajara, tiene en su núcleo urbano 90 viviendas cerradas pertenecientes a entidades financieras, de las que 64 llegaron a estar ocupadas.

"Aquí hubo dos o tres mafias que se hicieron fuertes. Llegaban a publicitar al viviendas ocupadas en portales como Wallapop donde ofrecían casas con luz y agua por 1.200 euros," recuerda el alcalde Juan Manuel Moral.

Okupas en la localidad castellano-manchega de Horche. Foto: El Español

El problema de convivencia fue tal, que como recuerda Moral "se rompió la paz social y llegamos a una situación insostenible." En ese momento, la presión de los vecinos provocó que las entidades propietarias se involucraran para expulsar a las mafias. "Ahora mismo solo hay dos viviendas en las que viven familias vulnerables y con las que el banco está negociando una salida," cuenta Moral, quien exige "un cambio en la ley" para que situaciones como las que vivió su pueblo no vuelvan a repetirse.

Desalojo exprés en 48 horas, endurecimiento de penas y lucha contra las mafias

Con un parque de 40.000 viviendas vacías de las que el 90% pertenecen a grandes tenedores como entidades financieras o fondos de inversión, entre los cambios que registra esta ley con marca castellano-manchega se encuentra el de considerar la usurpación de inmuebles un delito grave proponiendo un endurecimiento de las penas hasta tres años -en caso de uso de la violencia o intimidación- y prisión o multa de hasta doce meses -en caso de ocupación pacífica no consentida-, así como el aumento del tiempo de prescripción del delito de uno a cinco años. Asimismo, se encomienda a los tribunales un plazo de 48 horas para que se desaloje al ocupa ilegal.

También contempla un aumento de los agravantes con sanciones a la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipos de delitos graves, como puedan ser la explotación laboral y sexual de personas; actos de prostitución y de explotación sexual y corrupción de menores; la elaboración, distribución y venta de sustancias estupefacientes; la ocultación de material robado o su receptación; el uso de fuerza en las cosas; o la reincidencia del autor o autores de la ocupación ilegal. Se penaliza no solo al autor, sino también a los promotores y a los incitadores de una ocupación ilegal.

Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha interviniendo en las Cortes regionales.

La ley introduce atenuantes como la conmutación de la pena a trabajos en beneficios de la comunidad si la o las personas ocupantes abandonan el inmueble en los tres primeros días.

De igual manera, recoge el fortalecimiento tanto del papel de los ayuntamientos como de comunidades de vecinos para hacer frente a la ocupación ilegal y propone que ambos queden legitimados para poder denunciar ocupaciones. También propone modificar las reglas del padrón municipal para impedir la inscripción de los 'okupas'.

"Hemos analizado el problema más allá de nuestras competencias porque no somos insensibles y por eso dentro de esta iniciativa hemos planteado modificar muchas leyes de competencia nacional como el Código Penal, la Ley Orgánica Reguladora del Tribunal Jurado o la Ley de Enjuiciamiento Criminal," asegura el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha Nacho Hernando.

Diálogo con el Gobierno de Sánchez y el papel de Podemos

Con la ley planteada, ahora la pelota está en el tejado del Gobierno central. "Estamos dialogando tanto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como con el Ministerio de la Presidencia para que se pueda adoptar, al menos en parte u ojalá que entera, esta ley que hemos planteado para solucionar un poblema que no solo afecta a Castilla-La Mancha sino a toda España," abundaba Hernando.

Emiliano García-Page y Raquel Sánchez en el encuentro que mantuvieron en Toledo.

Precisamente, en la última visita de Raquel Sánchez a Toledo, éste fue uno de los temas que se pusieron sobre la mesa. "La ministra dijo públicamente que asumían el compromiso de revisar el texto y ponernos manos a la obra," recuerda Hernando. Estas declaraciones, bajo su punto de vista, demuestran que "el Gobierno se lo ha tomado en serio" después de que Castilla-La Mancha lanzase un ultimátum con la posibilidad de presentar la ley directamente al Congreso de los Diputados. De todas maneras, el consejero de Page sostiene que "aunque creemos que la manera más efectiva y más leal de abordar el problema es de la mano del Gobierno de España, nos reservamos el derecho de optar por otras vías porque sinceramente consideramos que es un tema que urge abordar."

Hernando también lanza un mensaje a Podemos, socio de gobierno de Sánchez y que propone otro tipo de medidas para solucionar este problema. "Podemos tiene que darse cuenta de que es un problema de los barrios de clase trabajadora, donde hay desigualdades, que no afecta a los vecinos de Pozuelo, La Moraleja o Galapagar. Para mí la lucha contra la ocupación ilegal es un planteamiento de izquierdas porque es muy injusto que haya familias trabajadoras que lo estén pasando mal para mantener una vivienda y vean como al lado dan una patada a la puerta y se enganchan a la luz, mientras se mira para otro lado," explica.

A la hora de mostrar soluciones para solventar los problemas con la vivienda, el responsable de estas competencias en el Gobierno de Castilla-La Mancha no se muestra partidario de fórmulas de limitación del precio del alquiler como las que plantea Podemos porque "en otros sitios ha quedado claro que no han funcionado y lo que han propiciado ha sido un mercado negro en el que se paga una parte del alquiler en B." Por éso, aboga por políticas "de zanahora más que de palo" como "el Plan de Allquiler con Garantías Especiales, donde proponemos a la gente que tiene otra vivienda que a suman de forma voluntaria que el alquiler llegue a un tope a cambio de que un seguro triple por impagos, desperfectos y garantías jurídicas."

El PP pide una ley más dura y que ésta se "saque del cajón"

La iniciativa parlamentaria que fue aprobada en diciembre del 2020 salió adelante con los votos a favor de la mayoría socialista, los parlamentarios de Ciudadanos -partido con el que el PSOE mantiene pactos de Gobierno en varias Alcaldías de la región- y la abstención del PP. Los 'populares' en un principio se sumaron al pacto e incluso incorporaron algunas enmiendas al texto, pero finalmente decidieron abstenerse al considerar las medidas insuficientes. 

La diputada regional y vicesecretaria general de Alternativa Política del PP en Castilla-La Mancha Ana Guarinos asegura que el desacuerdo versa, principalmente, en tres puntos. El primero tiene que ver con el desalojo express que creen que "debe darse en un máximo de 12 horas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la ocupación no se convierta en un derecho para el okupa." El segundo y también "fundamental" para Guarinos es que "el empadronamiento de un okupa se declare nulo de pleno derecho, cuando la ley dice que se puede declarar su nulidad." En tercer y último lugar, también piden un mayor endurecimiento de las penas para que "ocupar una vivienda no salga más barato que robar un teléfono móvil como ocurre ahora mismo."

Ana Guarinos

Pero más allá de estas diferencias, desde el PP muestran su "preocupación" porque la iniciativa "lleve más de un año guardada en un cajón" y piden a Emiliano García-Page que "pase de las palabras a los hechos y la remita al Congreso si tan preocupado está por el problema." 

Para Guarinos, esta situación denota el "postureo" de un presidente regional que "no quiere enfrentarse a Sánchez."

"No sé si los socios de Sánchez tienen mucho o poco que decir en la tramitación de esta iniciativa, pero quien la está frenando es el Gobierno de Page, que si quiere puede llevarla al Congreso para se pronuncien PSOE y Podemos," agrega. 

Ciudadanos asegura su apoyo al texto en el Congreso

Desde Ciudadanos, partido que 'abrió este melón' con una Proposición no de Ley en 2020 que fue aprobada y posteriormente derivó en la iniciativa, coinciden en que apremiar al Gobierno regional a su tramitación de la iniciativa. "Hemos visto que ahora mismo la ley está en el cajón de Pedro Sánchez, que no ha hecho caso a Emiliano García-Page," sostiene la lideresa dar partido naranja Carmen Picazo quien recuerda que "en uno de los últimos plenos pedimos que fuera directamente a la Mesa del Congreso."

Carmen Picazo, líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

Picazo, por su condición de exconcejal en el Ayuntamiento de Albacete y abogada que ha trabajado en casos de desahucios de viviendas ocupadas, sostiene que "el fenómeno continúa aumentando y ocasiona muchos problemas a personas trabajadoras que o bien no son grandes tenedores o ven como los okupas pinchan los suministros y es comunidad la que tiene que hacerse cargo." Por ello, subraya que "en Castilla-La Mancha no podemos vivir en una moratoria constante."

Sobre el apoyo si su partido votaría a favor de esta iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados, Picazo no duda: "Ciudadanos dice lo mismo en Castilla-La Mancha que en Madrid y por supuesto que votaría a favor de aprobar esta ley."

Sea como sea y con la Ley de Vivienda a las puertas de ser votada en el Congreso de los Diputados, lo único cierto es que la 'ley anti-okupas' que germinó en Castilla-La Mancha y pretende extenderse a todo el territorio nacional lleva más de trece meses en un limbo político del que no sabemos cuándo saldrá.