El Tribunal de Cuentas ha analizado un total de 311 expedientes de una quincena de entidades locales de Castilla-La Mancha de actuaciones que no se sometieron a la correspondiente fiscalización de la Comunidad Autónoma, unas acciones que en conjunto supusieron un gasto de 18,7 millones de euros. En concreto, el informe, recogido por Europa Press, precisa que en el año 2014 fueron un total de 169 expedientes por algo más de 13 millones de euros; y 182 expedientes por 5,7 millones al ejercicio siguiente.

Las entidades fiscalizadas durante estos ejercicios fueron las cinco diputaciones y los ayuntamientos de Albacete, Almansa, Hellín, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puertollano, Valdepeñas, Cuenca, Azuqueca de Henares, Guadalajara, Illescas y Toledo.

En el caso de la Diputación de Albacete, considera el Tribunal de Cuentas que se abonaban conceptos retributivos que no estaban previstos en la normativa estatal, que el reparto de la ayuda social implantado no se ajustaba a los límites de las materias que podían ser objeto de negociación colectiva o que se procedió a contratar personal temporal sin acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes de presupuestos del Estado para justificar dichas contrataciones.

Como apuntes a la gestión del Ayuntamiento de Albacete, indica el tribunal que se ejecutaron prestaciones con carácter posterior a la finalización de los contratos sin tramitar el preceptivo expediente de contratación, además de que no se subsanaron irregularidades que motivaron reparos del órgano de intervención.

Diputaciones de Ciudad y Cuenca

La Diputación de Ciudad Real, tal y como recoge este informe, aprobó en 2014 un plan de empleo antes de recibir los informes preceptivos de la comunidad autónoma y del órgano de tutela financiera, en este caso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el caso de la Diputación de Cuenca, el Tribunal hace referencia a que la Institución provincial tampoco tenía implantado un control posterior en el sistema de control interno de la fiscalización previa y refleja también que asignó el complemento de productividad a partir de una valoración del desempeño que carecía de elementos suficientes de objetivación, ya que todos los trabajadores recibieron la máxima calificación, lo que supone "desnaturalizar" esta evaluación.

En lo que respecta al Ayuntamiento de Cuenca, el informe del tribunal indica que en el ejercicio 2014 hubo un control interno insuficiente y que en cada uno de los ejercicios estudiados el Consistorio realizó gastos por encima del nivel presupuestado para cada uno de ellos.

Diputación de Guadalajara y Ayuntamiento de Toledo

De su lado, la Diputación de Guadalajara no contaba tampoco con un control posterior para la fiscalización previa, mismo reparo que se realiza al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara). En este ayuntamiento también se señala que se aprobó un plan de empleo con anterioridad a la solicitud de los informes necesarios.

En cuanto al Ayuntamiento de Guadalajara, destacan algunos incumplimientos en el ejercicio 2014 a la hora de acordar modificaciones y prórrogas de contratos y también se señalan deficiencias en el sistema de recaudación que "pueden estar ocasionando perjuicios a los contribuyentes".

Finalmente, en el caso del Ayuntamiento de Toledo, el Tribunal explica que el Consistorio efectuaba contrataciones de personal temporal y aprobaba modificaciones de contratos en contra de las advertencias de la Intervención y empleaba con reiteración el reconocimiento extrajudicial de crédito para aplicar gastos de ejercicios anteriores realizadas al margen de procedimiento.