Son dos datos significativos que puso de relieve este lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y que evidencian que queda un margen de esperanza para las zonas rurales despobladas en la región: el saldo migratorio del último año es positivo en casi 9.000 personas en estos pueblos y casi 1.500 personas se han deducido los gastos ocasionados por su traslado al mundo rural.

Guijarro explicó en la Comisión de Economía y Presupuestos que, según el Instituto Nacional de Estadística, por primera vez en muchos años el saldo migratorio es positivo en las zonas despobladas de Castilla-La Mancha y eso significa, según el vicepresidente, que se está yendo a vivir gente a esos pueblos en una cantidad mayor de la que está saliendo de los mismos.

"Son cifras que nos hacen estar satisfechos y nos dicen que estamos por el buen camino", ha dicho Guijarro respecto a la política contra la despoblación del Gobierno de Emiliano García-Page. "El éxito de las políticas frente a la despoblación está en el consenso social y político, pero también en su mantenimiento durante el medio y el largo plazo", ha querido dejar claro.

En este sentido, Martínez Guijarro ha destacado que, segundo año consecutivo, el proyecto de ley de presupuestos de Castilla-La Mancha incorpora una memoria de impacto demográfico donde se recogen todas las partidas que están relacionadas con el reto demográfico, en concreto con la lucha frente a la despoblación. Se trata de un total de 1.922 millones de euros los que se incluyen, desgranando cada uno de los programas presupuestarios donde están ubicadas estas partidas.

Estos 1.922 millones de euros suponen el 25% del techo de gasto del que dispone de la comunidad autónoma para la concepción de estos presupuestos y esta magnitud representa, según ha apuntado el vicepresidente primero, el 3,81% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Estas políticas en materia de lucha contra la despoblación destinarán 5,3 millones de euros al día para cumplir ese objetivo, y contemplan un total de 32,8 millones de impacto en relación a los beneficios fiscales en 2024.