Tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil de BBVA sobre Sabadell muchas han sido las voces discrepantes sobre su conveniencia. Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas ya han manifestado su rechazo y "efectos nocivos" a la OPA lanzada por BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell "tanto en la forma como en el fondo". También Sumar, PSOE, PP, VOX, Junts y ERC, en los que se puede afirmar como el único consenso en la legislatura, se han manifestado en contra. Para el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo la operación "introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera" con el consiguiente perjuicio también para los clientes por el cada vez mayor nivel de concentración bancaria, una cuota de mercado que pasaría del 62% al 70% entre las tres principales entidades del país. Una posible falta de competencia que tendría efectos igualmente en el ámbito de la transmisión del alza de tipos de interés a la remuneración de los depósitos, muy escasa comparada con episodios anteriores.

El empleo también será un factor determinante en la operación, una circunstancia advertida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía que solicita al Ministerio su paralización. Para Yolanda Díaz, la OPA "destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio". En sintonía con el Gobierno, los sindicatos también avisan sobre "las consecuencias laborales que estos procesos de concentración bancaria suelen tener sobre las plantillas de las entidades financieras". CCOO pide "plenas garantías laborales y de empleo" a las plantillas de ambos bancos, ante una OPA que llevaría a BBVA entre 6 y 8 meses, una vez obtenidos las autorizaciones necesarias. Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte que las empresas "son libres de actuar, de participar y de hacer ofertas o no", solicitando al Gobierno "respeto" a las decisiones que se tomen desde el ámbito privado.

Una OPA hostil que también se haría notar en Castilla-La Mancha por los efectos de solapamiento en algunas zonas y el consiguiente perjuicio para la cohesión territorial y de vertebración del territorio en términos de empleo y actividad. En concreto, la red de BBVA en la región se extiende por las cinco provincias a través de 64 oficinas, de las 1.400 que tiene en todo el país, mientras que en el caso de Sabadell su representación en esta tierra se limita a 17 sucursales. Aunque ahora mismo los siguientes pasos de este proceso no le corresponde darlos al Ejecutivo sí, en cambio, tendrá "la última palabra" a la hora de autorizar esta operación de fusión por absorción. Un permiso que deberá proteger si verdaderamente el Gobierno quiere evitar el previsible desaguisado laboral que se prevé con la operación, además de preservar también el de los clientes por el efecto de concentración bancaria y una cada vez mayor falta de competencia.