Tal vez animados por los buenos datos de creación de empleo que han experimentado durante el pasado año las provincias de Toledo, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, con uno de los mayores incrementos porcentuales de todo el país, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y Podemos han decidido contribuir a la causa laboral de esta tierra. En el caso de estas dos formaciones de izquierda aportando su particular know-how a la cuestión política, es decir, su habitual contribución al nacional populismo que tanto promulgan ambos partidos. Una batería de eslóganes de laboratorio que cualquier ciudadano sensato, informado, y desapasionado bien podía refutar en la mayoría de las ocasiones. En este caso, para lograr una mayor representación parlamentaria a la exigua que actualmente tienen en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Tanto el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, como el diputado de Podemos en Castilla-La Mancha David Llorente, coinciden -en esto sí- en señalar la “injusta y antidemocrática” ley electoral de la Comunidad. Para hacer justicia, según ambos prescriptores, promulgan una reforma estatutaria y pasar de los actuales 33 parlamentarios en las Cortes de Castilla-la Mancha a una horquilla entre los 63 y 69, justo el doble, que calculan para obtener sus respectivas formaciones un mayor número de escaños. Sin duda, una excelente contribución a rebajar el desempleo político en esta tierra a cargo del contribuyente.

El Parlamento de esta Comunidad, lejos de haberse revitalizado en la actual Legislatura con tamaña pluralidad, ha sufrido una parálisis institucional durante gran parte del ejercicio pasado debido a la ruptura del pacto entre Podemos y el Gobierno socialista de Emiliano García-Page. Un lamentable estancamiento en las labores parlamentarias que ha dañado la legitimidad del sistema político de esta tierra, además de los intereses legítimos de los ciudadanos. Un deplorable proceso protagonizado por un PP empeñado en desgastar al Gobierno desde el asiento de atrás y una confederación de taifas, Podemos, que Pablo Iglesias no controla por completo y que dilapida  según todas las encuestas un capital político nacido a partir del movimiento de los indignados en este país.

Unas Cortes de Castilla-La Mancha bloqueadas y más entretenida en resolver sus intereses de partido que en buscar acuerdos de crucial importancia para la ciudadanía con las penosas consecuencias de sobra conocidas. Unos grupos políticos añorantes de los tiempos de la mayoría absoluta donde la imposición sustituía a la negociación, y el número de diputados era suficientemente representativo e indiferente para defender unas posiciones maximalistas poco dadas al consenso.