Las palabras recientes de la Consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, en torno al agua del trasvase se suman al rosario histórico de declaraciones y de acciones inútiles que se vienen haciendo en la región durante años sin que se consiga ningún tipo de resultado efectivo. Hay un hartazgo social palpable ante tanta palabrería e intentos de hacer creer que se lucha por el Tajo cuando en realidad no se hace nada. O al menos nada realmente eficaz. El expresidente José María Barreda se pasó una legislatura entera defendiendo la fecha de caducidad del trasvase y llevando el asunto al Congreso a sabiendas de que si no se modificaba la ley del trasvase sería inútil cualquier intento de cambiar el actual estatus de la derivación de agua a una región seca desde otra más seca todavía. Aquello al menos impulsó el debate, pero la inversión en tiempo y en recursos fue demasiado alta en proporción a los resultados obtenidos. José Bono, por su parte, contribuyó decisivamente a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional del ejecutivo de José María Aznar que hubiera liberado en gran parte al Tajo de su carga actual como río cedente, pero Zapatero se lo cargó nada más llegar al gobierno y los socialistas castellano-manchegos se callaron sumisamente viendo cómo se perdía la última oportunidad de mejorar con las leyes la situación del Tajo. La de Bono, aunque frustrada, fue una decisión valiente y de verdad operativa.

Todas las demás acciones de los partidos políticos o de los organismos públicos, incluidos los inútiles recursos contra los trasvases puntuales, son tiros de fogueo; mucho ruido para ocultar la incapacidad y falta de ideas ante un problema cada vez más serio al que los medios nacionales están empezando a prestar atención por la desoladora imagen que presentan los embalses de cabecera y el estado de muerte de largos tramos del río. La prueba de la ineficacia política es que después de más de treinta años la situación está peor que nunca. Y encima hay partidos que se empeñan en anunciar soluciones como si no hubieran gobernado jamás en esta tierra, como si no fueran parte del problema histórico que padecemos y no hubieran tenido oportunidad durante decenios de hacer algo eficaz al respecto. No basta con palabras tan tibias como la de la consejera talaverana García Élez (¿quién mejor que ella sabe cómo está el Tajo?) anunciando a estas alturas que se va a estudiar el precio del agua del trasvase. Lo saben de sobra. Lo que hay que hacer, si es que se puede, es poner un precio prohibitivo y disuasorio, y si no lo mejor es callarse.

Por fortuna para los gobernantes locales y regionales de Castilla-La Mancha, y para desgracia del Tajo, no hay una conciencia regional del agua que permita unir y actuar a los ciudadanos en la defensa de nuestros ríos. Aquí no se juegan los mismos intereses que en Murcia. Reivindicar la bucólica playa de Safont de Toledo frente al inmenso negocio de los cultivos murcianos es una ingenuidad que no lleva a ninguna parte. Basta con que el Tajo recupere en lo posible su caudal y su pureza limitando los trasvases en época de sequía y obligando a los responsables a que dejen de verter desde el Jarama toda la basura hídrica de Madrid. Precisamente algunos consideran que el trasvase Tajo-Segura debería empezar en la parte de Aranjuez en la que desemboca el Jarama y no en los pantanos de cabecera. Así compartiríamos el agua del Tajo con el Levante y también los residuos que contiene de Madrid para abajo.