El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 660 alcaldes de toda España, entre ellos dos de los más importantes de Castilla-La Mancha, por incumplir los planes de ajuste que habían comprometido a cambio de los fondos de liquidez facilitados por el Estado central. Les exige nuevos ajustes. Hacienda ha inyectado cerca de 19.000 millones a las entidades locales desde 2012 para aliviarles las tensiones de liquidez. Para garantizar que devolverían el dinero, exigió ajustes a los alcaldes, que tenían libertad para decidir las medidas. Algunos regidores apostaron por subir el IBI o eliminar deducciones en impuestos locales; otros decidieron recortar gastos.

Muchas de estas medidas nunca se aplicaron. Entre los más importantes de los 660 apercibidos figuran dos ayuntamientos de Castilla-La Mancha: Ciudad Real y Cuenca, presididos respectivamente por la socialista Pilar Zamora y el popular Ángel Mariscal.  Entre los municipios afectados, 660 de casi 8.200 entidades locales de España, hay Ayuntamientos de todos los tamaños. Los más importantes son, además de Cuenca y Ciudad Real, los  de Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, San Fernando, Granada, Huelva, Jaén, Vélez-Málaga, Palma de Mallorca, Telde, San Cristóbal de La Laguna, Ávila, Lleida, Tarragona, Mérida, Alcalá de Henares, Alcorcón, Móstoles, Parla, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Lorca, Orihuela, Gandía y Valencia.

En la misiva, que firma la secretaria general de Administraciones Territoriales, Belén Navarro, la cartera que dirige Cristóbal Montoro apremia a estos consistorios a que aprueben las medidas necesarias (subir impuestos o bajar los gastos), so pena de un control adicional de la Intervención del Estado o, incluso, con la disolución de la corporación local que incumpla con sus compromisos. En las últimas semanas, Hacienda también ha advertido a la Junta de Castilla-La Mancha y de los consistorios afectados de que deben velar por cumplir los objetivos presupuestarios y la ley de morosidad, ya que estas administraciones locales tardan de media más de 60 días en pagar a sus proveedores.

El Gobierno lanzó en 2012 el plan de pago a proveedores, una línea de crédito con condiciones muy favorables, para que Comunidades y Ayuntamientos pudieran liquidar las facturas que tenían en los cajones. Desde entonces, ha abierto cada año unas líneas de financiación para ayudar a los Consistorios con problemas de liquidez. Se trata de un mecanismo similar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La situación, en cualquier caso, no ha llegado a ese punto de gravedad. La gran mayoría de Ayuntamientos a los que se les ha apercibido, 526 corporaciones, tiene problemas para reducir el periodo de pago a proveedores al límite legal. Es decir, incumplen la ley de morosidad que establece que no deben tardar más de 30 días en abonar las facturas. Este plazo empieza a contar 30 días después de recibir la factura, es decir, que tardan de media más de 60 días en pagar. Hacienda explica que los alcaldes podrán corregir sus planes de ajuste con las medidas que decidan en sus plenos municipales. Algunos Consistorios, por ejemplo, habían acordado subir el IBI con una revisión catastral equivalente al 50% del precio de mercado. Otras ciudades tendrán que eliminar algunas de las bonificaciones y exenciones de sus impuestos locales. Y otras deberán reducir algunos de sus gastos. 

El ministerio explica en la carta que “realizará el seguimiento de los planes de ajuste y que en caso de que detecte riesgos de incumplimiento o incumplimientos de las medidas, propondrá su modificación con la adopción de nuevas medidas o la alteración del calendario de ejecución”. Estos programas de ajuste financiero son diferentes a los que exige Montoro a las administraciones que incumplen los objetivos de déficit o deuda, recuerdan en Hacienda.