Hay imágenes que marcan una época y las que hemos visto estos días en Ceuta permanecerán durante mucho tiempo en la memoria de los españoles: centenares de personas entrando en territorio nacional mientras nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacían cuanto podían con unos medios manifiestamente insuficientes para contener una situación absolutamente extraordinaria. Una escena que transmite una sensación demoledora: la de un Estado que ha perdido el control de su propia frontera.
Mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez? Lo de siempre: buscar culpables fuera. Si algunos socios europeos endurecen sus controles fronterizos o reclaman una política migratoria más firme, el Ejecutivo responde acusándoles de falta de solidaridad. Pero la verdadera falta de solidaridad ha sido con los vecinos de Ceuta y Melilla, abandonados una vez más por un Gobierno incapaz de transmitir autoridad y de exigir responsabilidades a Marruecos, porque cuando han querido reaccionar obviamente ya ha sido tarde.
Una frontera exterior de España es una frontera exterior de la Unión Europea. Defenderla no es una opción política; es una obligación del Estado y cuando miles de personas intentan acceder de forma irregular, la respuesta no puede limitarse a declaraciones institucionales y ruedas de prensa. Hace falta diplomacia firme, cooperación eficaz y la certeza de que ningún país puede utilizar la presión migratoria como instrumento político sin recibir una respuesta contundente.
Resulta especialmente doloroso comprobar cómo comerciantes de Ceuta tuvieron que bajar sus persianas por miedo a posibles saqueos. Que ciudadanos españoles sintieran temor por abrir sus negocios en su propia ciudad es un fracaso institucional de enormes dimensiones. Ningún vecino de Ceuta debería vivir con la sensación de que el Estado no puede garantizar la normalidad.
También permanecerá en la memoria colectiva la imagen de guardias civiles viendo cómo una horda de personas superaba los controles sin que materialmente pudieran impedirlo. No fue un fracaso de la Guardia Civil. Todo lo contrario. Fue el fracaso de quienes tienen la responsabilidad política de dotarles de medios, respaldo y una estrategia clara. Los agentes cumplen con su deber; quienes fallan son quienes toman las decisiones desde los despachos.
Por encima de todo, está la tragedia humana. Cada vida perdida debería provocar una profunda reflexión. Precisamente por eso resulta imprescindible exigir a Marruecos que despliegue todos los medios necesarios para evitar situaciones tan dramáticas. La cooperación entre ambos países no puede consistir únicamente en pedir comprensión cuando ocurre una crisis. Debe servir para impedir que se produzca.
El Gobierno insiste en presentar este fenómeno exclusivamente como un problema de mafias. Nadie discute que las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de la inmigración ilegal, pero reducir todo a las mafias supone simplificar una realidad mucho más compleja. Cuando se producen entradas masivas en cuestión de horas, la respuesta política no puede agotarse en repetir un mismo argumento. Los ciudadanos esperan algo más que eslóganes.
España siempre ha demostrado ser un país solidario. Nuestra historia está llena de ejemplos de acogida a quienes verdaderamente huyen de guerras, persecuciones o catástrofes humanitarias. La solidaridad no significa renunciar al control de las fronteras. Un Estado que no decide quién entra en su territorio deja de ejercer una de sus funciones más esenciales.
Ceuta y Melilla no son un problema periférico. Son España. Sus habitantes son ciudadanos españoles con exactamente los mismos derechos que quienes viven en Madrid, Sevilla o Valladolid. Merecen sentirse protegidos por su Gobierno y no utilizados como escenario de una política exterior basada en la improvisación.
Conozco personalmente Ceuta y Melilla y sé que son ciudades extraordinarias. Lugares donde conviven culturas diferentes con una riqueza humana admirable, pero también sé que existen barrios que llevan años acumulando problemas de integración, desempleo y marginalidad. Ignorar esa realidad o responder únicamente con mensajes buenistas no ayuda a resolver nada. Al contrario: agrava el problema y alimenta la frustración de quienes conviven con él cada día.
Pedro Sánchez debería comprender que gobernar no consiste únicamente en pronunciar discursos sobre valores europeos. Gobernar también significa proteger las fronteras, defender la soberanía nacional y exigir a los países vecinos el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
Porque cuando España transmite debilidad, otros aprovechan esa debilidad. Cuando el Gobierno evita el conflicto diplomático a cualquier precio, quien termina pagando el precio son los ciudadanos y cuando las imágenes de una frontera desbordada recorren el mundo, el mensaje que se envía es devastador: que entrar ilegalmente en España puede ser posible si se hace en número suficiente.
La política migratoria exige humanidad, sí, pero también exige firmeza. Sin control no hay convivencia; sin seguridad no hay libertad; y sin autoridad del Estado no hay confianza de los ciudadanos.
Señor Sánchez: Ceuta y Melilla son España. Sus vecinos no merecen sentirse abandonados. Ya es hora de dejar de señalar a los aliados europeos y empezar a asumir las responsabilidades que corresponden al Gobierno de España.
