Hay algo especialmente preocupante en los audios publicados estos días por ABC. No es solo el contenido de una conversación entre dos mandos de la Guardia Civil. Lo verdaderamente inquietante es la posibilidad de que una institución que debe servir exclusivamente al Estado haya podido verse sometida a criterios de oportunidad política.

Si finalmente se confirmara que desde el Ministerio del Interior se intentó impedir la presencia de un representante de la Guardia Civil en un acto institucional por razones políticas, estaríamos ante un hecho de enorme gravedad. No porque un ministro pueda discrepar de una decisión concreta, sino porque la Guardia Civil no está al servicio del Gobierno de turno, sino de España y de todos los españoles.

En este contexto resulta especialmente llamativa la actitud del guardia civil que defendió acudir al acto. Lejos de protagonizar un desafío, lo que hizo fue reivindicar algo elemental: que una institución con más de 180 años de historia no puede actuar en función de intereses partidistas ni convertirse en moneda de cambio de estrategias políticas.

Los gobiernos pasan. La Guardia Civil permanece. Esa ha sido siempre una de las grandes fortalezas de nuestras instituciones. Su prestigio se ha construido precisamente sobre su vocación de servicio, su disciplina y su independencia respecto de las luchas partidistas. Cruzar esa línea supondría un deterioro institucional difícilmente justificable.

Si un representante de la Guardia Civil debe o no asistir a un acto oficial debería decidirse con criterios institucionales, nunca por el temor a una fotografía incómoda o a un posible desgaste político. Cuando la imagen pesa más que la institución, algo deja de funcionar correctamente.

Por eso merece reconocimiento quien, según reflejan los audios conocidos, defendió la dignidad del Cuerpo frente a las presiones. Porque la lealtad de un guardia civil no se debe a un ministro, sino a la Constitución, a la ley y al servicio de los ciudadanos.

Fernando Grande-Marlaska tiene la oportunidad de ofrecer todas las explicaciones necesarias. En un Estado de Derecho, la transparencia no debilita a las instituciones; las fortalece. Lo contrario solo alimenta la sospecha de que determinados cargos públicos consideran que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son una prolongación del poder político.

Y esa sería la peor noticia de todas. Porque el día en que la Guardia Civil deje de ser percibida como una institución neutral para convertirse en un instrumento al servicio de un gobierno, perderemos todos, con independencia de nuestras ideas.

La Guardia Civil merece estar por encima de cualquier estrategia partidista. Precisamente porque su misión nunca ha sido servir a un partido, sino servir a España.