Hay momentos en política en los que los gobiernos dejan de gobernar mucho antes de abandonar oficialmente el poder, y España vive precisamente uno de esos momentos. La legislatura de Pedro Sánchez parece haber entrado en una fase terminal marcada por el desgaste, la debilidad parlamentaria y una sucesión constante de escándalos que ya no sorprenden a nadie porque se han convertido en rutina.
La situación se ha agravado todavía más tras las últimas informaciones relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero. No estamos hablando de una figura secundaria dentro del socialismo español. Zapatero ha sido, durante años, mucho más que un expresidente: ha actuado como referente ideológico, estratega en la sombra y auténtico arquitecto político del llamado "sanchismo". Muchos dentro y fuera del PSOE le consideran el verdadero pensador de este modelo político basado en la polarización, los pactos imposibles y la resistencia permanente.
Por eso lo ocurrido en los últimos días tiene una enorme trascendencia política, porque afecta directamente a uno de los hombres con mayor influencia sobre el actual Ejecutivo, y porque, además, vuelve a colocar al Gobierno en el centro de una tormenta judicial y mediática que deteriora todavía más la confianza institucional.
El problema para Sánchez ya no es únicamente la oposición. El problema es que empiezan a distanciarse quienes hasta ahora sostenían la legislatura. La derecha catalana hace tiempo que dejó de respaldar con entusiasmo al Ejecutivo y ahora el propio PNV ha elevado el tono de forma muy significativa. Aitor Esteban ha llegado a considerar "irresponsable" prolongar esta situación política más allá de 2026, denunciando un Gobierno "sin rumbo", "sin presupuestos", "sin mayoría" y atrapado en una agenda "judicializada".
Cuando socios habituales del Gobierno empiezan a hablar abiertamente de agotamiento político, el mensaje es evidente: la legislatura está acabada aunque siga formalmente viva. Ya no existe estabilidad parlamentaria, ni capacidad real de impulsar grandes reformas, ni una mínima sensación de normalidad política. Lo que existe es una resistencia numantina al desgaste, sostenida únicamente por el miedo a las urnas.
Precisamente ahí está la cuestión de fondo. En democracia, cuando un gobierno pierde la confianza social y parlamentaria, la salida lógica y saludable es convocar elecciones. Dar voz a los ciudadanos no es una derrota; es la esencia misma del sistema democrático. Lo contrario transmite la sensación de que el poder se ha convertido en un fin en sí mismo.
España necesita recuperar estabilidad institucional, credibilidad política y normalidad democrática. Un país no puede vivir permanentemente instalado en el escándalo, en la confrontación y en la sensación de provisionalidad. La política debe servir para ofrecer soluciones, no para sobrevivir semana a semana entre titulares judiciales.
Pedro Sánchez todavía está a tiempo de tomar una decisión que beneficie al país por encima de los intereses partidistas. Convocar elecciones sería reconocer que la legislatura ha llegado a su límite y permitir que los españoles decidan el rumbo que quieren para España.
A veces, la mejor manera de resistir no es aferrarse al poder, sino saber cuándo ha llegado el momento de devolver la palabra al pueblo.
