El debate sobre la vivienda en España ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política, impulsado en gran parte por las propuestas de Sumar y algunos de sus socios, que insisten en gravar de forma más intensa a quienes poseen más de una vivienda. Bajo el argumento de la "justicia social" y el "derecho constitucional a la vivienda", se está instalando un discurso que, aunque pueda sonar atractivo en lo político, simplifica en exceso un problema estructural mucho más complejo y no se soluciona con "freír a impuestos a los fachas".

Conviene empezar por una obviedad que a menudo se olvida en el debate público: quien ha adquirido una segunda o tercera vivienda de forma legal, pagando sus impuestos y cumpliendo la normativa vigente, no puede ser tratado automáticamente como un problema social. Penalizar la propiedad por el mero hecho de existir no soluciona el acceso a la vivienda; en el mejor de los casos, desplaza el problema y, en el peor, desincentiva la inversión.

Se argumenta con frecuencia que la vivienda es un derecho constitucional, y lo es; pero también lo son otros muchos derechos que, en la práctica, no se cumplen de forma plena o inmediata. La existencia de un derecho no garantiza su materialización automática si no hay condiciones económicas, productivas y de mercado que lo sostengan. Convertir ese principio en una herramienta política de confrontación puede acabar siendo más propagandístico que efectivo.

El verdadero problema del acceso a la vivienda no reside únicamente en la existencia de propietarios con varias viviendas, sino en un conjunto de factores mucho más profundos: precios desajustados respecto a los salarios, falta de oferta suficiente, rigideces urbanísticas, inseguridad regulatoria y una economía que no genera el nivel de riqueza necesario para absorber con normalidad esos costes.

Si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, no es únicamente porque alguien tenga más de una casa. Es porque el sistema económico no está generando suficiente capacidad adquisitiva, ni un mercado suficientemente equilibrado como para que los precios se ajusten de forma natural. En un escenario de mayor prosperidad generalizada, la presión sobre el mercado inmobiliario sería menor y el acceso a la vivienda más razonable.

Tampoco puede ignorarse el papel que juega la inversión. En cualquier economía desarrollada, el capital busca rentabilidad. Si se desincentiva la inversión en vivienda sin ofrecer alternativas atractivas en otros sectores productivos, el resultado no será necesariamente más acceso a la vivienda, sino menos oferta, menos dinamismo y, previsiblemente, más tensión en los precios.

A ello se suma otro factor que rara vez se aborda con suficiente claridad: la atracción de capital extranjero y de fondos de inversión hacia el mercado inmobiliario español. En lugar de preguntarnos únicamente cómo limitar su presencia, quizá deberíamos preguntarnos por qué España resulta tan atractiva para ese tipo de inversión y qué fallos estructurales de nuestra economía lo están permitiendo.

Por supuesto, esto no significa negar la existencia de un problema real. La vivienda es, hoy, uno de los principales factores de desigualdad y preocupación social, pero precisamente por eso requiere diagnósticos rigurosos, no soluciones simplistas. Culpar a quienes poseen más de una vivienda puede resultar políticamente eficaz a corto plazo, pero difícilmente contribuye a una solución estable y duradera.

El reto no está en señalar al propietario, sino en construir un sistema económico donde la vivienda no sea un bien escaso inaccesible, sino un mercado equilibrado, con oferta suficiente, precios razonables y una economía capaz de sostenerlo.

Solo desde ahí podrá abordarse de verdad el problema de fondo.