Sobre tramas falsas, la de Begoña Gómez, el hermano de Sánchez o la del fiscal general del Estado, ha organizado el PP la oposición en esta legislatura, con la colaboración incondicional de la derecha mediática y la derecha judicial. Han creado, para entendernos, una realidad alternativa de corrupción de la que solo participan ellos y sus seguidores, estimulados por los insultos gruesos y el fanatismo partidario. El caso Begoña Gómez comenzó con unas denuncias formuladas por estrafalarias organizaciones de la ultraderecha como el llamado sindicato -nunca un vocablo tan noble se ha degradado tanto- Manos Limpias y asociaciones cristianas. La denuncia se fundamentaba en recortes de periódicos con noticias, algunas falsas, que se elevaron a categoría de inculpación judicial. De una nadería casi ilegal el asunto se ha ido convirtiendo en un instrumento monotemático para que la derecha mediática hable de corrupción del entorno del presidente del Gobierno y la derecha política la emplee diariamente en el Parlamento para erosionar la imagen de Sánchez. Tanto juego está dando el asunto que ya no solo la derecha española las utiliza, sino también los más estrafalarios gobernantes externos, como Netanyahu, Milei o Trump.

En este modelo de oposición, ninguna iniciativa creíble, ninguna propuesta constructiva, ningún programa, la derecha se sustenta exclusivamente en las tramas artificiales que han creado para rodear al presidente Sánchez. Un sistema de oposición absolutamente inútil y estéril. Lo que podían ser anécdotas o indicios difusos varios jueces los han transformado en alimento para la derecha mediática y para la derecha política. No da más esta legislatura para la oposición. Bueno, sí, sirve para incrementar el ya abultado catálogo de insultos y descalificaciones personales que comenzaron en tiempos de Felipe González, se redoblaron en los gobiernos del Sr. Zapatero, aunque nunca habían llegado tan bajo como contra el presidente Sánchez. Los datos económicos se silencian, los avances sociales se encubren o se dinamitan directamente -la derecha no ha votado nada que favorezca a los ciudadanos- los progresos tecnológicos se olvidan y las posiciones dignísimas contrarias a las acciones de un gobierno genocida en Palestina o las injerencias arancelarias de matón de Trump se opacan con sordina. La oposición solo consiste en ruido, insultos provocadores y declaraciones tóxicas que envenenan la vida cotidiana. En lo que va de esta legislatura las actuaciones judiciales han servido de munición casi inagotable para uso discrecional en la guerra sin freno que practica la derecha. Especial interés, de momento, tiene el caso Begoña Gómez, que se pretende alargar y estirar cuanto sea posible, si es preciso hasta que finalice la legislatura. La última proeza, la de pedir los correos electrónicos de los últimos siete años de la Sra. Gómez, apunta en esa dirección. Más tarde será otra cosa, siempre con la mesiánica intención de no soltar la presa más cercana al presidente de gobierno.

Y en todos estos procedimientos de dudosa judicialización sorprende el silencio de los órganos disciplinarios de la magistratura judicial que para nada interfieren, cuando no apoyan, en las erráticas y estrafalarias decisiones de jueces que impulsan tramas tan endebles. ¿Alguien comprende el barullo de la Fiscalía General? Se buscaba el impacto del primer encausamiento en democracia del fiscal general del Estado. Pues, ya está, conseguido. ¿Puede admitirse en un sistema democrático el corporativismo egotista de la alta magistratura que tolera tales actuaciones, basándose en una restrictiva interpretación de la independencia del poder judicial y que los ciudadanos cuerdos calificarían como el uso sesgado de la justicia para fines políticos? Desenmascarar esas tramas falsas debería ser una obligación de los ciudadanos. Garantizar de manera fehaciente la independencia del poder judicial -no controlar por la puerta de atrás la judicatura, en expresión de Cotino- ayudaría a fortalecer la democracia.