La familia propietaria de la empresa toledana Compo Factory "ha encontrado milagrosamente el dinero que decía no tener y ha abonado esta semana 326.000 euros a veintiocho trabajadores a los que despidió las pasadas navidades dejándoles sin pagar dos mensualidades y las correspondientes indemnizaciones", según ha informado CCOO en una nota de prensa titulada "El grupo Sangarcía apoquina 326.000 euros a 28 trabajadores despedidos en navidad por Compo Factory Toledo". 

Según el relato de CCOO, en noviembre del año pasado, Compo Factory dijo estar en la ruina a causa del estado de alarma y del descenso de pedidos de sus clientes, fundamentalmente ICSA y Aernnova. Dejó de pagar las nóminas y presentó un ERE “por causas económicas y de producción” con la pretensión de deshacerse de más de la mitad de su plantilla "sin saldar las deudas salariales y endosando al FOGASA las responsabilidades económicas derivadas de los despidos". 

La intervención sindical y la acción judicial de CCOO, según el sindicato, "desbarató esta impresentable maniobra empresarial, que dejaba a los trabajadores en la calle con una mano delante y otra detrás". Porque los despidos fueron declarados improcedentes y, sobre todo, porque los servicios jurídicos del sindicato consiguieron probar que Compo Factory Toledo SL integraba, junto con Hierros Sangarcía SL y Cerrajería y Estructuras Metálicas Sangarcía SL, un grupo de empresas “con caja común y unidad de negocio”. 

Así lo declaró el Juzgado de lo Social, en una sentencia que, tal y como demandó CCOO, establecía como hechos probados que las tres empresas tienen el mismo domicilio social, que sus accionariados están compuestos básicamente por las mismas personas, que el capital social de Compo Factory pertenece en un 55,69% a Cerrajería y Estructuras Metálicas Sangarcía SL y en un 30,09% a Hierros Sangarcía SL; que Cerrajería y Estructuras Metálicas Sangarcía SL es la propietaria de las naves donde operan las tres empresas; que las tres tienen un único teléfono de contacto o que la situación económica presuntamente ruinosa de esta empresa “surge de las relaciones económicas y la contratación de las tres compañías, en las que hay caja común y unidad de negocio”, entre otras cosas. 

“Concurren todos los elementos para acreditar la existencia de un grupo empresarial”, concluyó la sentencia, destacando “la confusión de plantillas, así como una verdadera confusión patrimonial o promiscuidad contable” y “el uso fraudulento de la personalidad jurídica para perjudicar los derechos de los trabajadores”. 

En consecuencia, el juzgado de lo Social condenó a las tres empresas a saldar solidariamente las deudas salariales de Compo Factory, más las vacaciones no disfrutadas, los finiquitos legales correspondientes a la improcedencia de los despidos y los intereses de mora. 

El grupo Sangarcia ni siquiera recurrió. “Cuando la familia propietaria de Compo Factory y del grupo Sangarcía vio la posibilidad de que sus bienes fueran embargados, debido a la petición de ejecución de la sentencia por parte de CCOO, ha aparecido ‘mágicamente’ el dinero para abonar las deudas con sus trabajadores”, señala Jesús Roldán, de CCOO-Industria. 

“Los 28 trabajadores defendidos por CCOO acaban de cobrar lo que se les adeudaba. Y quedan -sus juicios se retrasaron- otros siete más, despedidos también el pasado 23 de diciembre mediante el mismo ERE fraudulento. Indudablemente, pueden confiar en que también ellos cobrarán su dinero”, destaca Roldán. 

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Compo Factory, Iván Gómez de la Torre, ha expresado “la satisfacción de todos los compañeros. Era indignante que esta empresa del grupo Sangarcía, que durante mucho tiempo ha hecho muchísimo dinero gracias al trabajo de su plantilla, pretendiera echar a 35 compañeros a la calle completamente gratis”.