El colectivo de funcionarios del Estado integrado en Muface puede ver ampliada su oferta de compañías de seguro de salud, ahora limitada a SegurCaixa Adeslas, Mutua Madrileña, Asisa, DKV Seguros e Igualatorio de Cantabria, por el que Muface paga una prima anual de unos 2.000 millones de euros que da cobertura sanitaria a más de un millón de funcionarios repartidos por toda la geografía española.  Unos 70.000 en el caso de Castilla-La Mancha, entre titulares y beneficiarios, distribuidos en Albacete (16.183), Ciudad Real (18.511), Cuenca (7.456), Guadalajara (7.685) y Toledo (19.910), según la Memoria de Muface del año 2015.

La mutualidad de los funcionarios, perteneciente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha puesto como objetivo lograr que se incorporen a esta cobertura aseguradoras que ahora no participan en ella aunque en su día sí lo hicieron. Es el caso de Sanitas, Mapfre o Caser, que abandonaron entre 2009 y 2014 esta cobertura por no considerarla rentable. No obstante, estas tres firma sí dan cobertura a los integrantes de la Mutualidad General Judicial.

Los contactos entre Muface y las aseguradoras son iniciales y representan los primeros pasos para elaborar el futuro concierto sanitario cuyo coste se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se comenzarán a elaborar en las próximas semanas. El aumento de las exigencias contenidas en el convenio y el envejecimiento de los funcionarios son factores que también tienen mucho peso en una relación que vivió momentos de fuerte tensión en 2015 cuando las aseguradoras recortaron unilateralmente su cobertura por la baja prima recibida.

Sin embargo, Muface destaca los efectos beneficiosos que supondrá para las aseguradoras la incorporación de 100.000 nuevos mutualistas en los próximos tres años tras la puesta en marcha de la oferta de empleo público lanzadas desde las diferentes administraciones públicas.

En la actualidad, el 80 % de los funcionarios elige una aseguradora para su cobertura sanitaria y el resto opta por la sanidad pública. De este 80%, el 36,15 % de los empleados públicos han elegido Adeslas, el 28,84 % Asisa y el 14,57 por ciento DKV seguros. Igualatorio de Cantabria supone apenas el 0,47 %, con 6.915 funcionarios.