Los principales bancos en este país cerraron el pasado año más de 3.000 oficinas, casi el 20 por ciento de su red, con un recorte de plantilla de más de 12.000 empleados, el 8,6 por ciento del total. Santander, BBVA, CaixaBank, Unicaja, Liberbank… son algunos de los  más afectados por la drástica reestructuración iniciada hace años, y que las entidades han aprovechado para ganar en eficiencia y reducir costes. Un procedimiento que les ha reportado mejores beneficios tras el batacazo de 2020 por la pandemia, y que puede tener su continuidad este año ante unas esperanzadoras perspectivas de negocio por la recuperación de la economía y de la actividad. 

Unos objetivos de rentabilidad, sin embargo, conseguidos a costa de abandonar a los clientes más veteranos, “mayores, pero no idiotas”. También, haber dejado desatendidas aquellas pequeñas plazas donde no les resultaba rentable continuar con oficina abierta. Una política de intereses que ha afectado de lleno a Castilla-La Mancha, un territorio donde el sector ha sufrido diferentes procesos de fusión entre entidades, y el cierre de oficinas por solapamiento ha sido más notable.

Tanta desatención en estos territorios ha provocado una insatisfacción social que ahora el Gobierno pretende solventar. En una reunión reciente, la Administración ha instado al Banco de España y a los representantes y patronales de la banca española a revisar el protocolo estratégico de la banca con el fin de reforzar su compromiso social, especialmente en territorios de la España abandona. Un rechazo financiero más sensible dentro del segmento senior, que ahora los bancos se han comprometido a mejorar con sistemas de atención personal, ampliación de su cartera de productos y servicios, adaptación de cajeros y otros canales digitales, y potenciación de programas de educación financiera. 

Un protocolo de intenciones que el gobierno de Pedro Sánchez no puede descuidar ante el descontento social que está provocando el comportamiento de la gran banca en este país, y no quedar tan sólo en una simple declaración de intenciones.  Unas políticas encaminadas a la búsqueda de una rentabilidad a costa del deterioro generalizado de la calidad de los servicios que prestan. Una brecha digital que afecta a muchos ciudadanos, especialmente a aquellos ciudadanos con menores posibilidades de adaptación al campo digital, y a los que la Administración está obligada a garantizar sus derechos sociales.