Castilla-La Mancha recibirá finalmente cerca de 45,5 millones de euros, el 90 por ciento de la cuantía inicial comprometida, de los fondos para la Formación Profesional para el Empleo, cuyo envío a las comunidades autónomas se paralizó como consecuencia de las medidas destinadas a la lucha contra la crisis sanitaria por la COVID-19.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha participado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Empleo, ha agradecido al Ejecutivo central la restitución de estos fondos, al tiempo que ha solicitado la posibilidad de ampliar los plazos de ejecución de estos programas para facilitar su desarrollo por parte de los centros formativos, ha señalado la Consejería en una nota de prensa.

El reparto se paralizó en base a la disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 11/2020, en el marco de la lucha contra la COVID-19, y desde ese momento el Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de restituirlos para el cumplimiento de los compromisos plurianuales con entidades y centros de formación y para la ejecución de nuevas acciones.

Franco ha subrayado el valor de la Formación Profesional para el Empleo en el contexto actual como “herramienta importante para la cualificación de las personas desempleadas”.

Nuevo reparto

Respecto al nuevo reparto competencial en materia de Formación Profesional y Formación Profesional para el Empleo que está llevando a cabo el Ejecutivo central, ha destacado la importancia de que esa transición se haga "en sintonía" entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, recordando que esta materia recae en muchas autonomías en los departamentos de economía y empleo y valorando la coordinación, en el ámbito regional, con las consejerías de educación.

Asimismo, ha resaltado el "esfuerzo conjunto" con el Ministerio por la integración de las personas con discapacidad, ya que el orden del día también incluía el incremento de los fondos destinados a apoyar a los Centros Especiales de Empleo, con la ampliación del 50 % al 55 % de la cobertura del salario mínimo para las personas con discapacidad severa.