El decreto que regula los apartamentos y las viviendas turísticas en Castilla-La Mancha prevé sanciones para todos aquellos propietarios que no registren la licencia de alta de inicio de actividad, un hecho que se considerará falta grave -según la Ley de Ordenación de Turismo regional- y que puede ser sancionado con multas que van de los 6.011 a los 60.010 euros, la suspensión del servicio o la clausura de hasta tres años.

Así lo ha indicado este martes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de la aprobación de este decreto por parte del Consejo de Gobierno y en la que ha estado acompañada por la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper.

La consejera ha explicado que las viviendas de uso turístico tendrán un año desde la entrada en vigor de este decreto para regularizar su situación y registrarse declarando el inicio de su actividad, mientras que los apartamentos turísticos tendrán un plazo de dos años. "Si no lo hacen, nosotros pondremos la inspección necesaria, una vez que pasen los plazos establecidos en el decreto, para hacer los controles oportunos".

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el decreto que regula los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, que tendrán un plazo para registrarse de dos años, en el caso de los apartamentos, y de uno para las viviendas. Patricia Franco ha informado en rueda de prensa de este acuerdo del Consejo de Gobierno que vendrá a cubrir un vacío legal en un sector como el de los apartamentos y viviendas de uso turístico que está en expansión desde hace unos años.

Fuertes sanciones

Desde que en 2010 el Gobierno central derogó el decreto que regulaba este sector a nivel estatal son las comunidades autónomas las que tienen estas competencias, ha explicado la consejera. Franco ha destacado que se trata de un decreto consensuado y muy esperado por un sector que ha eclosionado en los últimos años, de hecho, se calcula que en Castilla-La Mancha los apartamentos suponen el 18 % de toda la oferta turística, esto es, más de 600 establecimientos con cerca de 6.000 plazas.

En el caso de las viviendas de uso turístico, es difícil saber cuántas hay por el hecho de no estar regularizadas, pero analizando las páginas comercializadoras, se calcula que existen unas 2.000 en Castilla-La Mancha, con 15.000 plazas. La consejera ha destacado que con este decreto se lucha contra el intrusismo y hará aflorar una actividad económica ya muy notable en la actualidad. La nueva normativa establece sanciones por incumplimiento, por ejemplo, ha citado Franco, la no declaración de inicio de actividad sería una falta muy grave, con sanciones de entre 6.000 a 60.000 euros o suspensión de actividad durante unos ejercicios o incluso clausura del establecimiento por un periodo de hasta tres años.

Los apartamentos turísticos se dividen en cuatro categorías, desde 1 a 4 llaves según la superficie y los servicios que ofrezcan, y las viviendas de uso turístico solo son de una categoría, y mientras que los apartamentos turísticos precisan de licencia de actividad, las viviendas de uso turístico solo necesitan la licencia de primera ocupación. En los apartamentos, excepto en los de 1 llave, se exige que dispongan de wifi y climatización en todas las dependencias.

Desde el principio de la legislatura, ha resaltado la consejera, han aumentado el número de turistas y de pernoctaciones en los apartamentos turísticos, en un 22 y un 34 % respectivamente, con una estancia media de tres días. Todos deberán exhibir en la entrada principal una placa distintiva normalizada, al igual que las viviendas de uso turístico.

Por primera vez

Estas viviendas se regulan por primera vez en Castilla-La Mancha, ya que son una forma de alojamiento novedosa y en auge, un "fenómeno muy actual" por el que se pone a disposición de los turistas el alquiler de una vivienda amueblada a cambio de dinero, y al igual que los apartamentos turísticos, deberán cumplir con todas las prescripciones sectoriales de medio ambiente, construcción, accesibilidad, seguridad, insonorización, registro de viajeros, sanidad, prevención de incendios, y además, serán de uso turístico exclusivo.

La consejera ha resaltado que al tiempo que se lucha contra el intrusismo, se garantiza la prestación de un servicio de alojamiento con unos mínimos de calidad y protegiendo los derechos de los usuarios. Se desarrolla una legislación "transparente", ha dicho Franco, "enmarcada en un ámbito de libertad empresarial compatible con el respeto a unos estándares de calidad mínimos".

Tanto los apartamentos como las viviendas de uso turístico estarán regulados por el mismo modelo de cancelación, anticipo y reserva, y en lo que respecta a los vecinos, se exigirá para su puesta en marcha que no haya prohibición expresa de las comunidades de vecinos. Franco ha dicho que confía en que en el plazo de un año se hayan dado de alta en el registro unas 1.200 o 1.500 viviendas y para el año 2020 alrededor de las 2.000 que se calcula que existen.

La consejera ha recordado que los apartamentos turísticos son una actividad económica y, por tanto, deben tributar el IVA y los demás impuestos inherentes a ella, y en el caso de las viviendas de uso turístico, al ser régimen de alquiler de viviendas, está exento de IVA y, por tanto, esas rentas deberán ser declaradas como rendimientos del capital inmobiliario en la declaración del IRPF, con algunas excepciones, por ejemplo, si se tiene alguna persona contratada.