Exhumación de los cadaveres de la fosa de Soto de la Aldovea, Torrejón de Ardoz, para su trasaldo a Paracuellos. 1940.

La sociedad española no ha superado del todo el trauma de la guerra civil, que aunque concluyó hace ya setenta y tres años, de alguna manera se prolongó durante la implacable dictadura que el vencedor ejerció hasta 1975. La obligación de los historiadores es tratar de establecer con la mayor exactitud posible, que nunca podrá ser total, qué ocurrió y por qué ocurrió, con la esperanza de que el conocimiento de la verdad resulte saludable. Y el tema más difícil de asumir es el de las ejecuciones en la retaguardia, buena parte de las cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, mientras que otras, aunque las dictaran tribunales, no estuvieron ajustadas a derecho. Es sabido, por ejemplo, que los rebeldes condenaban como culpables de rebelión militar a quienes en julio de 1936 apoyaron con las armas al gobierno legítimo de la República.

En los últimos años, al calor del interés despertado por lo que se ha dado en llamar memoria histórica, numerosas investigaciones han esclarecido los distintos aspectos de la represión franquista, pero en cambio los estudios sobre las ejecuciones en la retaguardia republicana han sido bastante más escasos. Hay pues motivo para celebrar la aparición del ponderado y documentado estudio que el profesor Julius Ruiz, de la Universidad de Edimburgo, ha dedicado a la represión republicana en Madrid, cuyo título, El Terror Rojo, puede parecer polémico, pero responde a la realidad de que más de 8.000 personas (el número exacto es difícil de establecer) fueron ejecutadas en la retaguardia madrileña, en su gran mayoría en 1936 y sin juicio previo. Sin embargo, su aparición ha dado lugar a durísimas críticas por parte de sectores de la historiografía académica de izquierdas, que han acusado a Ruiz de todo tipo de desmanes, desde utilizar fuentes franquistas, sobre todo la Causa General (como si un historiador no tuviera la obligación profesional de utilizar toda la documentación disponible), hasta haber negado que los supremos responsables de la matanza de Paracuellos fueran ciertos asesores soviéticos (sin duda cómodas cabezas de turco). La razón de tales ataques no es difícil de detectar, pues El Terror Rojo desmonta la consoladora tesis de que, a diferencia de la represión derechista, que fue planificada y controlada desde arriba, la represión izquierdista habría sido obra de "incontrolados", lo que permitiría eximir de responsabilidad al gobierno republicano y a las organizaciones que lo apoyaban. Una tesis que encaja muy bien con la pretensión, a mi juicio extravagante, de que una política de izquierdas para el siglo XXI deba basarse en el mito de que las raíces morales de la democracia española se hallan en la República de 1936 y no en el pacto constitucional de 1978.

En contraste con ciertos libros de éxito, escritos con un propósito de polémica ideológica, Ruiz no pretende una descalificación general de las izquierdas. Explica cómo las ejecuciones extrajudiciales de 1936 se produjeron en el contexto de una ciudad que se preparaba para sufrir el embate de las columnas rebeldes y cuya población de izquierdas creía sinceramente estar rodeada de quintacolumnistas dispuestos a alzarse en armas (aunque en realidad, los partidarios de los rebeldes no llegaron a tener una actividad clandestina significativa en Madrid hasta la primavera de 1937, cuando ya las matanzas de derechistas habían concluido). Pero su gran aportación ha sido demostrar, con una documentación abrumadora, que los órganos de la represión en 1936, las mal llamadas checas, eran o bien entidades dependientes de determinados partidos y sindicatos (23 de ellas anarquistas, 19 comunistas y 9 socialistas) o bien entidades multipartidistas, entre los que destacó el Comité Provincial de Investigación Pública, vinculado a la Dirección General de Seguridad e integrado por representantes de todas las organizaciones de izquierdas. No hubo una distinción neta entre líderes republicanos "buenos'', que condenaban la acción de los incontrolados, y chequistas ‘‘malos'', pues algunos de los responsables directos de las ejecuciones salvaron algunas vidas, mientras que muy pocos ministros, entre los que destacó el nacionalista vasco Manuel de Irujo, trataron de frenar las matan- zas. Y fue un anarquista, Melchor Rodríguez García, quien más contribuyó a que concluyeran las de Paracuellos.