En plena campaña electoral, la cultura es uno de los ámbitos menos tratados en el debate político. Para equilibrar un poco la balanza y satisfacer las necesidades informativas tanto del sector cultural como del electorado en general más allá de la lectura de los programas de cada partido, El Mundo y ADEPI (la asociación que aglutina a las principales entidades españolas de gestión de derechos de autor) organizaron este lunes 20 de junio un debate con los representantes de las áreas de cultura de los cuatro partidos más votados: José María Lassalle (PP), Iban García del Blanco (PSOE), Eduardo Maura (Unidos Podemos) y Marta Rivera (Ciudadanos). Moderado por el periodista de El Mundo Darío Prieto, otros cinco participantes representaron en el debate al ámbito de los creadores y las industrias culturales: el escritor y periodista Arcadi Espada; Daniel Fernández, editor de Edhasa; Pilar Benito, productora de cine; el músico Nacho García Vega; y la actriz y pintora Amparo Climent.

Algunas voces lamentan que el escaso debate en torno a la cultura se limite últimamente al IVA cultural del 21%. En el debate de ayer, en cambio, no quedó tiempo para hablar de ello. Las dos horas y media que duró se centraron en otros asuntos, como el modelo cultural público-privado; la necesidad o no de que Cultura tenga un ministerio propio no supeditado al de Educación; o la esperada Ley de Mecenazgo que el Gobierno del PP finalmente no aprobó, diluyendo en su lugar un conjunto de incentivos dentro de la última reforma fiscal.

Otro de los temas que centraron el debate fue la polémica retirada del canon digital que pagaban las empresas tecnológicas para compensar a los propietarios de derechos de autor por las copias privadas realizadas por los usuarios. Hace cuatro años fue sustituido por una partida menor con cómputo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, pagada por todos los contribuyentes, realicen o no esas copias, y hace unos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró ilegal este nuevo sistema. El Gobierno esperará a ver lo que tiene que decir el Tribunal Supremo pero, como le han recordado a Lassalle todos sus interlocutores, lo más probable es que esta medida tenga que ser revocada y que el Estado (de nuevo los contribuyentes) tengan que compensar a los autores económicamente por el dinero que han dejado de percibir todo este tiempo.

Arcadi Espada, siempre combativo en su defensa de la propiedad intelectual, fue contundente en su intervención inicial. Alertó de la destrucción del sistema cultural y de la "facilidad obscena de réplica del producto cultural, sin que los creadores tengan la justa retribución por su trabajo", así como de la "desaparición de los intermediarios (críticos, libreros, managers musicales...) cuyo papel para organizar la creación cultural está en tela de juicio". Asimismo, lamentó la falta de "reflexión, acción y calor" por parte del último gobierno del PSOE y del actual ejecutivo del PP. "Yo tenía esperanzas en José María Lassalle, al que tenía por un socialdemócrata de pro, pero ha desempeñado su cargo todos estos años como si gobernase en funciones".

Los responsables de Cultura de Ciudadanos, Unidos Podemos y PSOE coincidieron en la necesidad de que el área tenga un ministerio propio, no adscrito al de Educación. "Educación y Cultura son una pareja de hecho, pero se da una prioridad mucho mayor a la educación. El mensaje que mandamos al resto de Europa al no contar con un ministerio propio para la cultura es que esa pareja está descompensada", opinó Marta Rivera. Por su parte, tanto Maura como García del Blanco coincidieron en este punto, pero añadieron que tener un ministerio propio no garantiza per se una mejoría del sector. Para el representante de Unidos Podemos, "la cuestión no es solo ministerio sí o no, sino cuál debe ser el modelo cultural". El responsable cultural del PSOE opinó que el modelo actual es heredero del que inició su partido en los años 80 y defendió la necesidad de reconstruirlo mediante pactos.

Por su parte, Lassalle reconoció la necesidad de que Cultura cuente con un ministerio propio "desde un punto de vista simbólico", pero no así "desde un punto de vista técnico". Al mismo tiempo, rebatió a García del Blanco diciendo que "el modelo cultural que tenemos aún es heredero, tristemente, del franquismo", porque depende por completo de la administración pública. Diametralmente opuestos en la mayoría de los temas, PP y Unidos Podemos coinciden en esta herencia franquista en el ámbito de la cultura. Maura remitió para subrayar su opinión al libro La cultura, ese invento del Gobierno, de Rafael Sánchez Ferlosio.

Lassalle se congratuló de haber modificado el sistema de subvenciones culturales para que, además de las nominativas, existan otras de concurrencia competitiva, así como el establecimiento de un sistema de seguimiento permanente de los proyectos subvencionados.

Durante todo el debate, el secretario de Estado de Cultura en funciones insistió en el poco margen de maniobra del Estado en materia de Cultura, ya que solo maneja el 18% del presupuesto cultural, mientras que el 32% corresponde a las Comunidades Autónomas y el 50% a los ayuntamientos. Así, explicó que de los 3.700 millones dedicados a cultura, solo 670 son administrados por el Estado, menos que, por ejemplo, los presupuestos que manejan la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña. "No sé si Cultura debe tener ministerio propio, estar vinculada directamente a Presidencia o a la Marca España. Lo importante es establecer un plan estratégico para coordinar las políticas culturales en los tres niveles administrativos", defendió. También trasladó a las administraciones locales la principal responsabilidad de los recortes en materia de cultura. "En los últimos años las partidas culturales han caído un 60% en los ayuntamientos, ahí es donde el sistema cultural ha colapsado".

El divorcio entre la sociedad y los creadores

"Existe un divorcio entre la sociedad y las industrias culturales, porque mucha gente piensa que están totalmente subvencionadas, como si no lo estuvieran el resto de los sectores productivos en la misma o mayor medida", se quejó Marta Rivera. En esta línea, Amparo Climent defendió la necesidad de que la sociedad entienda el trabajo de los creadores para poder respetarlo.

La responsable de cultura de C's pidió la creación de un plan escolar para que los estudiantes tomen conciencia de la importancia del respeto a los derechos de propiedad intelectual, y lamentó que Podemos rechazase en el Congreso una proposición no de ley al respecto argumentando su rechazo a "la propaganda y el adoctrinamiento". Por alusión, Maura respondió que la "concienciación" conlleva un problema en el ámbito educativo, ya que supone destacar unas cosas por encima de otras. En su opinión, existen dos modelos de cultura que son incompatibles con la educación: la cultura institucionalizada, que pierde su autonomía, y la cultura como mera mercancía, que no es capaz de generar tejido social. En su lugar, aboga por la búsqueda de "una tercera vía que permita que la cultura sea algo realmente valioso en la vida de las personas".

Siete webs piratas cerradas en cuatro años

Otro punto caliente del debate fue la falta de eficacia de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual a la hora de cerrar las páginas web que ofrecen de manera ilegal enlaces a contenido pirata. Cuando Lassalle se jactó de que, con la autorización de la Audiencia Nacional, este organismo ha cerrado 7 páginas web de este tipo desde 2012, arrancó del público risas sarcásticas. Sus interlocutores compararon esta cifra con las más de 200 páginas que ha cerrado Portugal, que, paradójicamente, se inspiró en la legislación española para redactar la suya.

En cuanto al mecenazgo, Lassalle se quejó de que la oposición solo se centre en la ausencia de una Ley de Mecenazgo, cuando "hemos llevado a cabo la reforma fiscal más importante en el campo de las artes escénicas y del cine, con desgravaciones del 40 y del 45% para empresas y del 35% para personas físicas, así como del 70% en el caso del micromecenazgo para los primeros 150 euros invertidos". El representante del PSOE rebatió estas cifras esgrimiendo "que en muchos países estas exenciones oscilan entre el 60 y el 100%, por no hablar del 125% de Colombia".

Unidos Podemos reclamó un mayor apoyo a los sectores medios de la cultura, atendiendo a sus específicas condiciones laborales, marcadas por la intermitencia. Asimismo, defendió la creación de un fondo social de la cultura, compuesto por el 1,5% cultural de la Ley de Patrimonio, la casilla número 100 del IRPF y un fondo alimentado por las industrias culturales y por el ministerio.

@FDQuijano