La patronal de las VTC, Unauto, pide prudencia a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos a la hora de legislar sobre el sector. Cree que deberían esperar a que se resuelvan alas "dudas" sobre la constitucionalidad del 'decretazo' de Sánchez para intentar poner coto a su presencia en las calles. 

A su juicio, si se toman medidas antes de que se resuelvan todas las cuestiones, podría ocurrir que tuvieran que desembolsar cerca de 4.000 millones de euros. Es la cifra que -como adelantó EL ESPAÑOL- EY estima que los dueños de las VTC tendrán que recibir si ven "restringidos sus derechos o se les causan lesiones en los mismos".

“La nueva normativa aprobada sobre las VTC por el Gobierno central establece que si una región introduce restricciones sobre las VTC deberá asumir las indemnizaciones correspondientes al sector", recuerda la patronal en un comunicado. 

Pierde el ciudadano 

A juicio de su presidente, Eduardo Martín, "además de limitar las opciones de movilidad en las ciudades y poner en riesgo miles de empleos, el ciudadano será una vez más el gran perjudicado porque al final será él el que asuma el coste de seguir protegiendo el monopolio del sector del taxi a través de sus impuestos”.

Para la asociación, el hecho de que el propio Real Decreto establezca un plazo transitorio de cuatro años evidencia que no concurre en una causa de “extraordinaria y urgente necesidad”, y establece que no es imperativo que las administraciones públicas autonómicas y locales adopten inmediatamente medidas, sino que éstas cuentan con un margen prudencial de espera.

El informe de los expertos

Esas dudas sobre la constitucionalidad del decreto se basan en un informe del catedrático Muñoz Machado, en el que recuerda que se priva a los titulares de autorizaciones VTC de derechos consolidados y adquiridos, y plantea una medida expropiatoria singular que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Va un paso más allá y considera que no está justificado desde el punto de vista de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad, ni con los principios de la libre competencia y la libre prestación de servicios.

Del mismo modo, el informe de Muñoz Machado reitera que la Declaración Conjunta del Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia del pasado mes de octubre recuerda a las administraciones públicas autonómicas y locales que todas las medidas que adopten deben respetar los principios fundamentales de buena regulación: necesidad, proporcionalidad y no discriminación.