Ángel María Villar, este viernes en el Consejo Superior de Deportes

Ángel María Villar, este viernes en el Consejo Superior de Deportes

Deportes La guerra del fútbol español

Villar enseña los dientes: acude en persona al CSD y amenaza a Lete con una querella

El presidente suspendido del fútbol español entrega personalmente una carta en el Consejo Superior de Deportes y pide explicaciones al secretario de Estado por su suspensión, amenazándole veladamente con una denuncia por prevaricación.

Se viven semanas esenciales en la resolución del largo culebrón que rodea a la Federación Española de Fútbol (RFEF), enfangada en un conflicto político y judicial de difícil solución. El presidente suspendido de la institución, Ángel María Villar, imputado por varios delitos de corrupción en el marco de la Operación Soule, se desplazó este viernes por la tarde a la sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, para entregar una carta a su presidente, José Ramón Lete. EL ESPAÑOL ha obtenido prueba fotográfica de la visita y a última hora de esta noche pudo acceder al contenido del documento.

Villar, que ha elevado un recurso contencioso-adminstrativo contra la suspensión por un año que le decretó el Consejo Superior de Deportes (CSD) en julio (mientras Villar, su hijo Gorka y su exvicepresidente económico Juan Padrón estaban en prisión preventiva), pide a Lete que aclare "algunos extremos". Y lo hace porque, en su opinión, algunas decisiones "parecen haber sido adoptadas conociendo su carácter injusto, arbitrario y contrario a Derecho". (Una alusión velada a una posible querella por prevaricación).

El presidente suspendido le pide que se le explique "el ámbito de la suspensión cautelar y provisional", dada la expectación ante una moción de censura presentada próximamente por Luis Rubiales, expresidente de los futbolistas españoles.

"Doble rasero"

También le acusa de doble rasero por haber acelerado la petición de expediente disciplinario por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en julio, con ocasión de su encarcelamiento, cuando el Consejo Superior de Deportes conocía las investigaciones desde al menos un año y medio antes.

Villar dice apreciar "una profunda diferencia de criterio en lo relativo a la personación para ejercer la acción penal por parte del CSD respecto del que usted ha observado en situaciones similares de otras federaciones". Se refiere especialmente a un miembro de la Comisión Directiva del CSD que firmó la suspensión de Villar, Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo (FET). Castellanos está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude a las subvenciones, apropiación indebida y falsedad documental (y fue arrestado en junio de 2016 por esos hechos) y no ha sido suspendido ni excluido de esa Comisión Directiva.

Por otra parte, el dirigente bilbaíno, cuyos bienes están embargados por la Justicia, acusa a Lete de haber abierto un expediente disciplinario similar, en agosto de este año, a cinco presidentes de federaciones territoriales imputados en el mismo caso Soule a pesar de que, según se afirma, un Informe de la Abogacía del Estado de 18 de agosto de 2017 "concluye de forma expresa, con acierto y claridad, que el mencionado Auto no especifica indicios respecto de los presidentes de federaciones territoriales".

Medios de comunicación

La conclusión que impregna el texto es que "ello constituye un más que sólido indicio de que su actuación en vez de guiarse por el respeto al imperio de la Ley, como era su deber como servidor público, lo ha hecho más bien al compás de los acordes de los medios de comunicación que solicitaron, sin mostrar ningún respeto a una garantía fundamental que consagra nuestro Estado de Derecho como es la presunción de inocencia, la inmediata suspensión de mis funciones como Presidente de la RFEF y la apertura de expediente disciplinario contra determinados Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico".

Al igual que en el recurso contencioso presentado recientemente, Villar acusa a Lete "de haber utilizado material probatorio procedente de la causa penal y obtenido mediante la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas que usted viene realizando en diversas actuaciones": unos datos que, al no constituir hechos probados, serían en su opinión inutilizables en un procedimiento disciplinario.

Por último, el presidente suspendido pregunta a Lete por Cristina Pedrosa Leis, la instructora designada por el Tribunal Administrativo del Deporte para dos expedientes sancionadores contra Villar (el de su suspensión y otra por presunta falta de neutralidad en las elecciones del pasado mes de mayo).

"Esta persona", dice la misiva a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "fue nombrada por usted, cuando ocupaba el cargo de Secretario General para el Deporte de la Xunta de Galicia, como miembro del Comité Gallego de Justicia Deportiva tanto en el año 2012 como posteriormente en el año 2016. Le requiero en este punto que me informe si dicha persona fue designada a propuesta suya para formar parte del Tribunal Administrativo del Deporte y si tiene alguna motivación sobre dicho nombramiento el hecho de que esta persona formase parte, nombrada por usted, como miembro del Comité Gallego de Justicia Deportiva además de la existencia o no de una relación de amistad entre ustedes".

"Intervencionismo y desmesura"

"Por último, a la luz de las circunstancias anteriormente descritas", continúa el texto, "es fácilmente advertible que la principal causa que subyace en sus actuaciones, ha respondido a una situación mediática – con la aplicación mediática a su vez de medidas provisionales de suspensión en mi condición de Presiente de la RFEF–y no a una justificación real, fáctica y lícita de su modo de proceder".

"Sus actuaciones contra mi persona como Presidente de la RFEF, su grado de intervencionismo y desmesura, consciente y maliciosamente intencionados, que no encuentran amparo en la Ley, sino más bien se han realizado en fraude de la misma, sin el más elemental respecto por el derecho fundamental a la presunción de inocencia, sus actos reitero, han comprometido y siguen comprometiendo gravemente la autonomía y gobierno de la Real Federación Española de Fútbol".

"Las actuaciones concatenadas, que usted ha desarrollado en los últimos meses y que han tenido como objeto mi persona, presentan una apariencia de no ser conformes a derecho y una motivación espuria a los fines del cargo que usted ocupa, existiendo indicios de que el único fin de todo ello es apartarme arbitraria e injustamente con carácter definitivo de la presidencia de la RFEF, presidencia que, por cierto le recuerdo, sigo ostentando, siendo la persona que ejerce temporalmente sus funciones en la actualidad, el Sr. Juan Luis Larrea".