El fraude del cine español acaba con los productores de la vieja escuela

El cine español ha vivido demasiado tiempo de las sesiones matinales. La nocturnidad y alevosía de algunos productores españoles de la vieja escuela sucedía con el sol en todo lo alto: en estos pases fantasma se hinchaban las cifras de la recaudación para alcanzar el número mínimo de espectadores que exigen las subvenciones. De repente, películas estrenadas, con ocho espectadores de media por pase, se disparaban en los últimos diez días a casi 100 por sesión. Todos en sesiones matinales.

La vieja escuela se dedicó a inflar la taquilla para obtener las ayudas, por eso la Fiscalía de Madrid pide dos años de prisión y una multa de un millón de euros (que si no abona serán seis meses más de prisión) para el exdirector de la Academia de Cine, Enrique González Macho. Tanto a él como al productor Juan Romero Iglesias, se les imputan un delito continuado de falsedad de documento público y otro de fraude de subvenciones. Además, tendrán que devolver la subvención al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por valor de 272.695 euros (más el interés correspondiente).

Es una sanción similar a la impuesta al productor Gervasio Iglesias, de La Zanfoña Producciones (La isla mínima, Grupo 7, El hombre de las mil caras o After), que fue multado en firme por la Audiencia Nacional a devolver los 334.108 euros que el Ministerio le concedió como subvención. De hecho, la auditoría de After realizada por la Intervención General de la Administración del Estado descubrió que infló las cifras en connivencia con los cines propiedad de Alta Films, la empresa de Enrique González Macho.

Una reforma caótica

Las viejas maneras de la vieja escuela acabaron en enero de 2016, momento en el que cambia la norma y la taquilla no decide las ayudas. Además, para evitar esta práctica, se conceden antes -y por motivos objetivos como tener vinculado una televisión a la producción y un número de salas para estrenar- y no después y en función de los espectadores conseguidos. Así desaparece la trampa. O debería. El caos que hay en torno a la nueva norma por la falta de dotación para el fondo de cinematografía y el retraso en la convocatoria de las ayudas, hace que ahora mismo convivan los dos modelos y que la sombra del fraude no se haya disipado del todo.

De esta manera, antes una película podía ser rentabilizada con las ayudas, antes del estreno. Hasta que la Fiscalía de Madrid denunció en 2015 el sistema fraudulento por lo penal y se descubrió una corruptela que manchó al entonces director de la Academia de Cine, González Macho, que se adelantó a dimitir antes de que la investigación penal se hiciera pública.

En el caso de Gervasio Iglesias, la Audiencia Nacional no encontró “explicación creíble” al “incremento sustancial del número de espectadores en las diez últimas sesiones”, cuando lo natural en ese caso es el descenso de atención hasta su retirada de cartel. La Fiscalía mantuvo bajo sospecha 38 de los 74 filmes que recibieron ayudas en 2012. Entre los nombres investigados aparece José Frade, José Luis Garci, Enrique Cerezo, Gerardo Herrero o Edmundo Gil.

La regeneración del cine

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los señaló en su día como “casos puntuales” de fraude que “no deben ensombrecer la imagen de todo un sector”. La Confederación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) también coincidía en este análisis y pidió que no se culpara a toda la industria.

La reforma de la ley ya no vincula las ayudas a “la aceptación del público en el periodo de proyección en salas de exhibición cinematográfica y la recaudación obtenida por las mismas”. Este giro ha hecho emerger una nueva generación de productores, amparados por las ayudas de las televisiones. Belén Atienza, Beatriz Bodegas, Enrique López Lavigne o Emma Lustres han abandonado las viejas formas de la generación anterior y entienden el cine como una industria.

Para hacer películas como Lo imposible o Un monstruo viene a verme, Belén Atienza recibió el apoyo de Telecinco para el desarrollo del filme. Gracias a la ley de 2001, que obligó a las televisiones a invertir en el cine, trajo nuevos directores y productores. Sin embargo, la nueva norma no desarrolla un plan sólido a largo plazo para sujetar la fuga de espectadores de los cines. Estos nuevos productores echan de menos políticas para recuperar a los espectadores que ya no acude a las salas y para las producciones de clase media que quedan fuera de este nuevo sistema siempre que el dinero destinado a las ayudas sea inferior a los 30 millones de euros.

De esta manera, la industria del cine español -renqueante de las viejas maneras y a la espera de un plan que desarrolle el sector- es una industria a dos velocidades: las películas asociadas a las televisiones, gracias a los recursos, tienen un enfoque más industrial. El resto, son esfuerzos personales que tratan de sobrevivir como pueden.