La magistrada Montserrat Hernando Vallejo ha acordado la suspensión del procedimiento de desahucio por impago de alquiler contra Carlos Caballé, el hermano de la soprano. GTRES
La jueza paraliza el desahucio de la familia de Montserrat Caballé por su situación de vulnerabilidad económica
La magistrada frena esta medida durante un máximo de cuatro meses para que las Administraciones Públicas adopten las medidas oportunas.
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La titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 36 de Barcelona acaba de ordenar paralizar durante cuatro meses el desahucio que había ordenado contra la familia de Montserrat Caballé de su propia fundación, por el impago de 41.256,73 euros del alquiler de edificio de Barcelona en el que se encuentra su sede.
El lanzamiento de desahucio, es decir, el acto en el que se ejecuta la orden judicial de desalojo de los inquilinos de la propiedad, se iba a celebrar el próximo 3 de octubre.
Sin embargo, según el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la magistrada Montserrat Hernando Vallejo ha acordado la suspensión del procedimiento de desahucio por impago de alquiler contra Carlos Caballé, el hermano de la histórica soprano española.
Montserrat Caballé en una imagen de archivo. Gtres
La jueza ha concedido la paralización de esta medida durante un máximo de cuatro meses para que las Administraciones Públicas adopten las medidas oportunas. Así lo ha decidido tras considerar acreditada, a la vista del informe de los Servicios Sociales, su situación de vulnerabilidad económica y social.
Una vez transcurrido ese plazo, el procedimiento se reanudará automáticamente si no se han concretado soluciones alternativas.
565 euros de pensión
El señor Caballé tiene 83 años de edad. Sus ingresos económicos ascienden a 564,7 euros mensuales de una pensión no contributiva.
Esta cifra no alcanza el 3,2 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice de referencia en España para calcular el umbral de ingresos en relación a diversas ayudas y subsidios.
Montserrat Caballé en una imagen de archivo. Gtres
De la misma forma, "los gastos de renta y suministro superarían la tasa de esfuerzo de 30%. También se informa de que está pendiente de pago una suma por el consumo de gas y que existe un aviso de corte de suministro que se ha hecho efectivo" por impago, señala la jueza.
Los servicios sociales, según el informe aportado por David Martínez Cubells, abogado de Caballé, informaron de esta situación el pasado 10 de julio, y recomendaron al afectado acudir a la Oficina d’Habitatge para buscar alternativas de vivienda y solicitar ayudas, así como al Punto de Asesoramiento Energético.
La parte actora se ha opuesto a la suspensión del desahucio, "alegando que no se acredita la situación económica" de Carlos Caballé. Apuntan "que el alquiler es compartido con la Fundación Privada Montserrat Caballé, y que se le está causando un perjuicio económico dado el tiempo transcurrido desde que se han dejado de pagar por falta de pago, y no ha aportado documentación que acredite sus ingresos una vez ha comparecido en las actuaciones".
Auto de la jueza paralizando el desahucio.
Sin embargo, "en el informe se indica que todos los datos consignados en el mismo resultan de la documentación aportada por el Sr. Caballé, que fue examinada y está a disposición del Juzgado a través de los servicios sociales, dice la jueza.
También consta que existe informe favorable del Servei de Tramitació de Justícia Gratuita a la solicitud de Justicia Gratuita del demandado.
Carlos Caballé y la Fundación mantenían con la empresa arrendataria "un contrato mixto con dos titulares distintos, cada uno de los cuales paga parte de la renta, tratándose en el caso
del señor Caballé de un contrato de arrendamiento de vivienda". La parte actora es una gran tenedora "que no ha acreditado ninguna situación de vulnerabilidad" dice la jueza.
La Administración Pública competente, tras analizar las circunstancias concurrentes, ha confirmado que el hogar afectado "sí se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y en riesgo de vulnerabilidad social". Por eso, al tener en cuenta la crítica situación del hermano de la legendaria cantante de ópera, la justicia ha decidido posponer momentáneamente el desahucio.
El desahucio
Según publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el hermano de Montserrat Caballé habría dejado "de abonar la renta de los meses de agosto a noviembre (ambos inclusive) de 2023, las de enero a diciembre de 2024 (ambos inclusive) y las de enero a marzo de 2025 (ambos inclusive), lo que supone una total deuda líquida, vencida y exigible por importe de 22.493,93 euros".
Por su parte, la arrendataria Fundació Privada Montserrat Caballé también había dejado de abonar "la renta de los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2023 (ambas inclusive), las de abril a diciembre de 2024 (ambas inclusive) y las de enero a marzo de 2025 (ambas inclusive), lo que supone una total deuda líquida, vencida y exigible por importe de 18.762,80 euros".
Un total de 41.256,73 euros del alquiler de edificio de Barcelona en el que se encuentra su sede.
Los representantes legales, representados por la abogada Marta Legarreta Fontelles, de la empresa propietaria del edificio, recurrieron a la vía judicial después de remitir distintos requerimientos, tanto al hermano de la difunta intérprete como a la fundación que lleva su nombre. Ninguno de ellos obtuvo respuesta.
Como prueba de ello, una carta del pasado 10 de enero: "Hemos aceptado pacientemente sus explicaciones de demora a la espera de una regularización de los pagos. Lejos de regularizarse, se han ido incrementando en el tiempo. La situación actual es inaceptable e insostenible".
El abogado de Carlos Caballé remitiría el pasado 14 de julio un escrito al juzgado solicitando suspender cautelarmente el desahucio de la familia de la sede de su propia fundación. Según este documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Carlos Caballé es una persona de edad avanzada, que reside de manera continuada en ese inmueble, que carece de alternativa habitacional inmediata, conforme se detalla en el informe de vulnerabilidad adjunto al escrito.
Para demostrar esa situación, su representante legal aporta un informe emitido por los Servicios Sociales municipales de Barcelona. Señala que en él "se constata expresamente que el señor Caballé se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y social, sin red familiar de apoyo y con escasa capacidad económica para atender un alquiler alternativo en el mercado libre".
Por el momento, la jueza ha atendido su petición.
