El nuevo avance hacia la reforma educativa de la Lomloe, denominada 'ley Celaá', pretende que el castellano deje de ser lengua vehicular en las aulas. Esto ha generado un profundo rechazo entre los partidos de la oposición, que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por considerar la nueva ley educativa como un intento de eliminar el castellano de la educación.
Y es que, de prosperar esta ley apoyada por el PSOE, ERC y Unidas Podemos, se eliminaría la siguiente frase de la Constitución Española: "El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".
¿En qué consiste la nueva ley educativa?
¿Qué es la 'ley Celaá'? Los juristas consultados han avisado sobre las líneas que este proyecto de Educación no puede cruzar. De hecho, explican que ya ha habido polémica otras veces sobre esta cuestión, ante la que hay incluso jurisprudencia por disputas anteriores.
Entonces, la clave pasa porque la 'ley Celaá' respete el artículo número 3 de la Constitución, el cual afirma que: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que no quieren eliminar el castellano de las aulas, pero la oposición considera que esta nueva ley educativa no respeta el "deber de conocer" ni el "derecho a usar" el castellano.
Además, el PP ha dejado claro que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, pues asegura que la 'ley Celaá' busca la "exclusión" de esta lengua solo en Cataluña, Valencia y Baleares. Por otro lado, Ciudadanos pretende denunciar el hecho de que ha sido violado uno de los derechos básicos para muchos niños: "recibir una educación vehicular también en castellano".
Opiniones sobre la novedosa ley Celaá
En contraposición a las afirmaciones de los partidos políticos, la mayoría de los juristas consultados prefiere esperar a ver lo que sucede en el Congreso con la nueva ley educativa. Sin embargo, no han podido resistirse a dar su opinión al respecto.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Ángel Sánchez Navarro, declaró que, aunque en el Estatut se plantee que el catalán sea vehicular, el Tribunal Constitucional deja muy claro que esto no supone que el castellano tenga que dejar de serlo. Y añade que todos los españoles tienen legítimo derecho a conocer y utilizar esta lengua si así lo desean.
Por su parte, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix, asegura que el sistema actual ha funcionado bien durante muchos años. De hecho, en Cataluña se decidió instaurar el catalán como lengua vehicular y se consideró constitucional. Por lo tanto, la nueva ley educativa sería una cuestión que se debe decidir en los parlamentos.
Una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que plantea este asunto, respaldó la enseñanza en catalán siempre y cuando se garantizase también el dominio del castellano. Por lo tanto, correspondería al Estado proteger el respeto por los derechos lingüísticos dentro del sistema educativo, sobre todo el de recibir una enseñanza básica en la lengua oficial del Estado.
Apoyando esta idea, otros juristas consideran que la decisión de eliminar el castellano como lengua vehicular con la 'ley Celaá' sobrepasa los límites infranqueables. Asimismo, la doctora en Derecho y profesora de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, Ainhoa Uribe Otalora, defiende que la Constitución Española dictamina que el castellano sea la lengua oficial del Estado español, aunque reconoce la existencia del plurilingüismo.
Por esta razón, la reforma planteada por la nueva ley educativa supone una infracción de la Constitución, así como de los derechos de los españoles. Además, la 'ley Celaá' afectaría a otros principios constitucionales como la igualdad, el principio de integración o la libertad.
¿Qué es la ley Celaá entonces? Una enmienda que eliminaría la disposición adicional número 38 de la ley, que dice lo siguiente: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".
De este modo, mucho son los juristas que consideran que la 'ley Celaá' es inconstitucional, a pesar de que sus promotores subrayan que su intención no es la exclusión en las aulas del castellano.
El catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia, Carlos Flores Juberías, declaró que ninguna de las enmiendas de la nueva ley educativa puede modificar el artículo 3 de la Constitución. Además, sostiene que una ley de enseñanza no puede modificar el principio de cooficialidad de dos lenguas, ni el derecho de los ciudadanos a utilizar una de ellas. Es decir, no se puede negar la educación en castellano dentro de una institución pública.
Todo parece indicar que la 'ley Celaá' terminará por llegar al Tribunal Constitucional para valorar ciertos temas. Por un lado, los artículos de la normativa en cuestión, y por otro, las partes que han sido eliminadas de las mismas.
También se tendrá en cuenta la falta de referencias claras al uso del castellano como lengua vehicular, así como la supresión del reconocimiento de la lengua castellana como oficial en todo el territorio español, entre otros asuntos. Puesto que esta batalla se librará en el marco político, serán los jueces los que decidan el futuro de la nueva ley educativa.