Ciudadanos ha tendido la mano a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para negociar un pacto educativo, aunque la formación naranja condiciona el diálogo a que el Gobierno "congele" la tramitación parlamentaria de su reforma educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que ha afrontado este miércoles su primer debate en el Congreso.

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Ciudadanos, que junto al Partido Popular y Vox había presentado una enmienda a la totalidad de la LOMLOE, también conocida como ley Celaá, ha registrado este miércoles una solicitud para la reapertura de la subcomisión para el pacto educativo que naufragó en 2018, según ha anunciado la diputada Marta Martín en la tribuna de oradores del hemiciclo.

"Si de verdad quiere alcanzar una consenso, tiene una alternativa", ha dicho Martín, antes de pedirle a Celaá, que "congele los plazos de tramitación de enmiendas parciales hasta llegar a "un acuerdo de mínimos" entre los grupos parlamentarios sobre las necesidades del sistema educativo.

La mayoría del Congreso, sin embargo, se ha mostrado en contra de estas enmiendas a la totalidad. A partir de ahora, el proyecto de ley seguirá su curso.

Una "chapuza exprés"

Antes de ofrecer ese pacto educativo, Martín había cargado contra la ley Celaá calificándola de "chapuza exprés" por su falta de consenso y por llegar al Congreso en un momento de "incertidumbre" tras la pandemia del coronavirus, que provocó el cierre de todos los centros educativos en marzo, abocando a millones de estudiantes a terminar el curso desde sus casas con educación a distancia.

"Su reforma nace muerta por su fondo y por su forma, y si consigue que sea aprobada, esta ley va a ser derogada en cuanto cambie el color político del gobierno", ha aventurado la diputada de Ciudadanos, portavoz del grupo en Educación, afirmando que Celaá ha convertido "en campeón del diálogo" a José Ignacio Wert, el ministro de Educación del Partido Popular que impulso la vigente ley orgánica, aprobada en 2013, que la LOMLOE pretende ahora derogar.

Para Martín, la reforma de Celaá, que ha esperado más de un año para entrar en el Congreso, llega lastrada por ser un proyecto planteado "en circunstancias totalmente diferentes a las de hoy en día", lo que justifica, en su opinión, un "pacto pospandemia" en educación. "No puede reprocharnos que no queramos debatir en esta materia", ha zanjado la diputada naranja.

El PP propondrá una alternativa

Desde el Partido Popular, principal grupo de la oposición, descartan cualquier tipo de negociación con Celaá porque consideran que su reforma educativa nació sin propósito de acuerdo. "En ningún momento ustedes han querido negociar con nosotros, han buscado la confrontación y no el acuerdo", ha asegurado la diputada del PP Sandra Moneo.

Moneo ha anunciado durante su intervención que el PP presentará una alternativa a la ley Celaá, a la que ha tildado de "ley de la imposición y del oscurantismo", así como un proyecto "anticuado" y "obsoleto" porque rescata la Ley Orgánica de Educación (LOE) del PSOE aprobada en 2006.

"Si todavía hubiese traído a esta cámara un proyecto diferente, innovador, hubiésemos tenido algo que debatir. Así es imposible", ha resumido Moneo, admitiendo que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del PP tuvo "errores", aunque ha defendido el legado educativo de la denominada ley Wert porque rebajó nueve puntos el abandono escolar en España, aumentó el número de profesores en el sistema público y de alumnos becados, con una inversión educativa por Producto Interior Bruto (PIB) mayor que Italia, Alemania y Reino Unido, según la diputada.

"¿De qué recortes me está hablando?", ha espetado Moneo a Celaá, que había justificado su reforma contra "la política de recortes del PP". "Los mejores sistemas educativos están en las antípodas de lo que ofrece", ha añadido la antigua portavoz del PP en la Comisión de Educación del Congreso, que responsabiliza a la ministra de "asestar un golpe mortal a la calidad del sistema educativo del que difícilmente se va a recuperar".

Vox

Por su parte, en su rechazo a la ley Celaá, Vox denuncia que la reforma quiere imponer "desde la más temprana edad" una "supuesta educación sexual, ideológica y sectaria, de forma organizada y curricular, como corresponde a un sistema totalitario", en palabras de la diputada Georgina Trías, que ha mostrado su preocupación por las "ideas progres y descabelladas" de "perspectiva de género" que plantea el proyecto educativo del Gobierno.

"No vamos a consentir una educación sexual de esta catadura y aún menos sin el consentimiento expreso de los padres, ni el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista que quiere imponer la ideología de género en las conciencias de los niños y jóvenes españoles", ha proclamado la diputada de Vox. Tampoco la "corrupción y perversión de la juventud mancillando su inocencia", ha apostillado.

Para Trías, la 'ley Celaá' vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y valores, y ha negado que la Constitución promueva el "laicismo" que atribuye a la reforma del Gobierno socialista por relegar la asignatura de Religión "despojándola de todo valor académico". También ha criticado que la ley elimine el concepto de demanda social introducido en la LOMCE que permitía "la apertura de centros concertados en lugares a los que no había llegado la educación pública", y que pretenda "vaciar los centros de educación especial" imponiendo "la educación inclusiva".

Para Trías, en el Gobierno "son expertos en manipulación emocional" porque "utilizan las emociones de la gente buena para conseguir sus objetivos ideológicos, cuya última finalidad es la fragmentación de la persona". "Le roban el sentido, su identidad, su origen, su memoria y su patria", ha dicho la diputada, que ha remarcado la 'ley Celaá' como ejemplo de una forma de legislar "de espaldas a la naturaleza humana".