La reforma educativa de la Lomloe, también conocida como ley Celaá, no incluirá el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
Se ha establecido así este jueves tras aprobarse el texto de una enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC en la Ponencia o grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso, que desde el pasado mes está estudiando y votando las más de 1.160 enmiendas parciales al proyecto de la Lomloe.
Fuentes parlamentarias han señalado a Efe que ha salido adelante con 26 votos a favor, 16 en contra y que el PNV se ha abstenido en la citada enmienda (la número 29), que fija que las administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de acuerdo a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.
En la enmienda sobre la enseñanza del castellano se retira la frase que venía en el proyecto de la Lomloe: "castellano, lengua oficial del Estado".
Discriminación
Esta decisión de blindar la inmersión lingüística llega justo cuando la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha accedido a investigar la discriminación del castellano en los colegios catalanes. La Eurocámara remitirá una carta al Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá y estudiará el envío de una misión de europarlamentarios para valorar in situ la situación de los alumnos castellanohablantes en Cataluña.
Todo ello gracias a los sucesivos testimonios e informes que Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, ha aportado al máximo organismo de la Unión Europea desde finales de 2017 y que demuestran que ninguna escuela en Cataluña imparte "el mínimo legal del 25% de horas en castellano".
La doctrina lingüística del TS
La referencia a la lengua vehicular no es baladí en términos jurídicos. En una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 2010, basada en la doctrina establecida ese mismo año por el Tribunal Constitucional en su célebre fallo sobre el Estatut, el Alto Tribunal establece que el castellano es también lengua vehicular y que así debe ser tratado por la Generalitat.
En esa sentencia se daba la razón a varias familias de castellanohablantes que habían reclamado para sus hijos una educación en castellano de manera proporcional al catalán, así como que las comunicaciones de los centros docentes les llegaran en esa lengua.
Nada que amilane a los independentistas ni tampoco a Podemos. Los de Iglesias consideran que ninguna Ley educativa había establecido qué lenguas deberían ser vehiculares, hasta que lo hizo el PP en la Ley Wert, a juicio de los podemitas en un intento de "politizar la lengua". Y acusan a Ciudadanos de sumarse al PP para "atacar el catalán" como afirmaba en Twitter el portavoz de Educación de la confluencia catalana de la formación, Joan Mena. Una manera más de tratar de cortar los puentes entre Moncloa y los de Inés Arrimadas, que reiteradamente han mostrado su disposición a negociar los Presupuestos con el Gobierno.