Todas estas empresas te mienten cuando te dicen que actúan para evitar el colapso climático

La Comisión Europea (CE) en colaboración con autoridades nacionales ha denunciado este jueves que al menos un 42 % de las empresas de la Unión Europea (UE) que se anuncian en internet con reclamos ecológicos caen en el greenwashing (lavado de imagen verde), una práctica comercial desleal según las normas comunitarias. Algo que sucede en España, entre otros países. 

Estos resultados proceden de una revisión de sitios webs de empresas que se lleva a cabo cada año para identificar infracciones en la ley de consumidores de la Unión Europea (UE) y que se ha centrado este año en el lavado de imagen verde, una táctica utilizada como reclamo comercial por entidades para afirmar que se comprometen con el cuidado del medio ambiente sin realmente hacerlo.

Así, la investigación refleja que varios sectores comerciales como empresas de ropa, cosmética o artículos del hogar han empleado este lavado de imagen verde, una tendencia que ha aumentado a medida que los consumidores se interesan cada vez más por comprar productos ecológicos.

Campañas dudosas

Tras una selección, la Comisión y las autoridades nacionales de los consumidores examinaron 344 campañas aparentemente dudosas por parte de empresas y detectaron que, en el 59 % de los casos, el vendedor no proporcionó datos suficientes para que los consumidores pudiesen juzgar la exactitud de la información.

Por otro lado, en el 37 % de los casos, la Comisión confirma que se incluían declaraciones "vagas y generalistas" como el uso de adjetivos tales como consciente, ecológico y sostenible en busca de transmitir la impresión no fundamentada de que el producto ofrecido no tenía un impacto negativo en el medio ambiente.

"La Comisión está plenamente comprometida con el empoderamiento de los consumidores en la transición verde y la lucha contra el lavado de imagen verde", señaló el comisario de Justicia, Didier Reynders, que confirmó que esta es una de las prioridades de la Nueva Agenda del Consumidor adoptada el pasado otoño.

De esta manera, las autoridades nacionales se pondrán en contacto con las empresas afectadas para señalar los problemas detectados y asegurarse de que se rectifiquen cuando sea necesario, e incorporarán los resultados de este análisis a la evaluación de impacto que se preparará para la nueva propuesta legislativa que se anunció en la nueva agenda mencionada por el comisario.