Sucesos Sin embargo, al producirse el pago en metálico, no informaba de dicha situación a los ciudadanos afectados y les cobraba los 12 euros de la gestión de renovación ordinaria, quedándose con el dinero.Además, ante casos de ciudadanos que no cambiaban de domicilio pero en cuyos datos había ligeras modificaciones con respecto a lo que figuraba en el padrón, el acusado marcaba también 'cambio de domicilio' para que el sistema generara una cuota de 0 euros y él se pudiera quedar con los 12 euros que esos ciudadanos sí estaban obligados a pagar por la renovación del DNI, generando con ello que el Tesoro Público dejara de ingresar la cantidad de 672 euros.Por todo ello, la Audiencia Provincial de Segovia condenó al funcionario acusado a cuatro años y siete meses de prisión, así como a una multa de 16 meses con cuota diaria de 10 euros y a la inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo, por los delitos de falsedad de documento público y continuado de malversación de caudales públicos, debiendo indemnizar al Estado con la cantidad de 672 euros más los intereses establecidos por la Ley. Asimismo, también se le condena a una multa de 15 meses y un día y la suspensión de empleo o cargo público por tres años, un mes y 15 días por el delito continuado de exacciones legales, por el que deberá indemnizar con 12 euros a los ciudadanos a los que cobró y no tenían que pagar por la renovación de su DNI. Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación en este Tribunal para derivarlo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación.

Condenan a cuatro años y siete meses de cárcel a un funcionario de Segovia por cobrar y quedarse la cuota de renovación del DNI a ciudadanos que no tenían que pagarla

23 julio, 2021 15:15

La Audiencia Provincial de Segovia condenó a cuatro años y siete meses de cárcel a un funcionario público de la Comisaría Nacional de Policía de la capital segoviana, como autor de los delitos de falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, por cobrar los 12 euros de cuota de renovación del DNI a ciudadanos que no tenían que pagarla y quedarse con el dinero.

Según figura en la relación de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso Ical, el acusado aprovechó su posición como funcionario de la Oficina de Expedición del Documento Nacional de Identidad y Pasaporte de la Comisaría Provincial de Segovia para, entre enero y julio de 2019, cobrar en metálico la tasa de 12 euros establecida para la renovación del DNI a algunos ciudadanos que no debían pagarla, por entrar en los supuestos de renovación gratuita (cambio de domicilio, error o defecto de funcionamiento del chip informático o acreditación de familia numerosa).

Así, el hombre marcaba como 'cambio de domicilio' o 'error o defecto en el funcionamiento del chip informático' en el sistema para que quedase registrado como una renovación gratuita. Sin embargo, al producirse el pago en metálico, no informaba de dicha situación a los ciudadanos afectados y les cobraba los 12 euros de la gestión de renovación ordinaria, quedándose con el dinero.

Además, ante casos de ciudadanos que no cambiaban de domicilio pero en cuyos datos había ligeras modificaciones con respecto a lo que figuraba en el padrón, el acusado marcaba también 'cambio de domicilio' para que el sistema generara una cuota de 0 euros y él se pudiera quedar con los 12 euros que esos ciudadanos sí estaban obligados a pagar por la renovación del DNI, generando con ello que el Tesoro Público dejara de ingresar la cantidad de 672 euros.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Segovia condenó al funcionario acusado a cuatro años y siete meses de prisión, así como a una multa de 16 meses con cuota diaria de 10 euros y a la inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo, por los delitos de falsedad de documento público y continuado de malversación de caudales públicos, debiendo indemnizar al Estado con la cantidad de 672 euros más los intereses establecidos por la Ley. 

Asimismo, también se le condena a una multa de 15 meses y un día y la suspensión de empleo o cargo público por tres años, un mes y 15 días por el delito continuado de exacciones legales, por el que deberá indemnizar con 12 euros a los ciudadanos a los que cobró y no tenían que pagar por la renovación de su DNI. 

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación en este Tribunal para derivarlo ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación.