Izquierda Unida en Castilla y León ha emprendido una campaña de recogida de fondos para sufragar los 17.369 euros que el Supremo le ha impuesto en concepto de costas, tras declarar inadmisible el recurso de casación frente al achivo del proceso que investigaba delitos de administración desleal en el seno del Consejo de Administración de Caja España.

La formación condenada en costas, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se queja de que para la investigación de estos supuestos delitos es excesivo el esfuerzo que tienen que hacer particulares u organizaciones como el caso de Izquierda Unida de Castilla y León, "lo cual se convierte en una barrera para conseguir que se haga Justicia".

Entre los 14 consejeros de la extinta Caja España investigados destacan nombres como el del exalcalde de León, Francisco Fernández; el ex presidente de la Diputación de León, Javier Garcia Prieto, o el que fuera teniente de alcalde de Ponferrada, Juan Elicio Fierro, y los delitos "quedan impunes, mientras quienes quisieron perseguirles son condenados a pagar las costas".

El Juzgado de Instrucción nº 5 de León se hizo cargo de la denuncia que presentó en el año 2011 el que fuera procurador de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, José María González, por supuestos delitos de administración desleal cometidos por los consejeros y el presidente de Caja España.

Estos delitos se investigaban por, entre otros hechos, la refinanciación continuada de créditos de diferentes empresas de las que era propietario Santos Llamas, presidente de Caja España entonces, sin que se respetaran las más mínimas cautelas y prácticas contables.

"Y estas prácticas contables que se omitían eran tan evidentes como no aportar mayores garantías para cubrir los créditos y pagar los intereses debidos de una deuda cercana a los 70 millones de euros, un agravio comparativo con lo que se exige a cualquier empresa en esa situación", advierte IU, que se queja de que nunca llegarán a entender la razón por la que Santos Lamas no fuera llamado a declarar.

Tras una larga instrucción e investigación por parte de la Fiscalía Provincial de León y del Juzgado de Instrucción nº 5, cuando estaba prácticamente concluida y sólo faltaba tomar declaración al alto cargo del Partido Popular, Martínez Maíllo, la jueza titular sufrió un accidente y fue sustituida por un juez que revisó lo actuado y declaró la prescripción, "con argumentos jurídicos muy discutibles", que habían sido desestimados por la Audiencia Provincial de León un año antes.

La Audiencia Provincial de León también cambió de criterio sin ningún hecho ni argumento nuevo. La clave del asunto era determinar si se trataba de un delito continuado, pues las refinanciaciones de las empresas de Santos Llamas se aprobaron en consejos de administración de Caja España celebrados entre los años 2007 y 2012, o la investigación se circunscribía a los asistentes a un consejo celebrado en el año 2009, ya que sólo se había interrogado a éstos, lo cual implicaba la prescripción del delito societario y la extinción de la responsabilidad penal.

"Sin haber ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto, tras una injustificada tardanza entre una actuación y otra por parte de la Administración de Justicia, ha prescrito uno de tantos delitos que se cometen relacionados con la corrupción en el seno de entes e instituciones públicas. La única y fatal consecuencia, irrecurrible e inapelable, es la mencionada condena en costas a quien persiguió este delito: Izquierda Unida de Castilla y León", critica la organización.

IUCyL anuncia que pagará las costas a las que ha sido condenada por el Tribunal Supremo pero continuará denunciando este tipo de comportamientos que hicieron de Caja España, "en lugar de una Caja para desarrollar económica, social y políticamente nuestra Comunidad, un ente al servicio de unos pocos que cometieron abusos para beneficiar a sus empresas y que perjudicaron los intereses de miles de personas en Castilla y León".